Gremios argentinos de trabajadores estatales protestaron este miércoles por los despidos masivos que tienen lugar en varias dependencias públicas, práctica que también sucede en intendencias provinciales, según denuncian medios locales.

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, denunció la cesantía la víspera de más de 2 mil empleados del Senado que decretó la vicepresidenta Gabriela Michetti.

En diálogo con Radio Del Plata Di Próspero manifestó que Michetti como titular de la cámara alta primero firmó el decreto y después creo una comisión para investigar los casos.

El gremialista sostuvo que si las nuevas autoridades del Senado alegan que hay personas que cobran sin trabajar en esa institución "tienen que tener primero los nombres y denunciar la situación a los tribunales, no hacer despidos masivos".

Calificó la medida de aberrante desde el punto de vista jurídico, ya que los despedidos "eran planta permanente y vienen a trabajar todos los días". En su opinión, es una cacería de bruja por motivaciones políticas.

"Hay mucha hipocresía, esto es una política de Estado y la quieren dibujar para justificar que van a echar trabajadores porque quieren un estado chico. Esta es una política que ya la vivimos", enfatizó el líder sindical.

Desde la sección Congreso de la Asociación de Trabajadores del Estado, Claudio Brito dijo según reporta Infonews que están en estado de alerta y movilización.

Brito alerto que el gremio no permitirá atropello, aunque dijo que el sindicato no está contra la auditoría impulsada por la Vicepresidenta, pero reclamó participación de su gremio en la comisión conformada a ese efecto.

Se quejó de que el sindicato no recibió notificación oficial alguna sobre la medida. "Si ellos quieren hacer una gestión clara de cara a la sociedad, como dicen, creo que estos temas se tendrían que haber llevado a las negociaciones de contrato laboral y todavía no las hemos comenzado".

Tanto la APL y la ATE Congreso harán un planteo ante los tribunales. A su vez, la Unión del Personal Civil Nacional (UPCN) consideró la acción de Michetti una injusticia.

En un comunicado, el líder de la sección del Congreso de la UPCN, Martín Roig, rechazo por la acción de la vicepresidenta por considerarla "un avasallamiento a los derechos de los trabajadores y de 2.034 familias que lanzadas a la calle".

El ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, justificó los despidos y reiteró la decisión del gobierno de Mauricio Macri de revisar unos 64 mil contrataciones en dependencias públicas. 

La vicepresidenta afirmó que la mayoría de los empleados despedidos del Senado fueron nombrados como permanentes hace 10 meses por su antecesor kirchnerista, Amado Boudou.

Tras asegurar que ese número de empleados ni siquiera cabía en el Senado si hubiesen ido, Michetti indicó que esas decisiones tomadas en el último año de la gestión de Cristina Kirchner (2007-2015) provocó que "la masa salarial del Senado creciera un 80% y la cantidad de personal aumentara un 146 por ciento".

Este miércoles varios miles de personas repudiaron los despidos frente al Congreso en cuyo frente colgaron pancartas con la leyenda "clausurado por decreto".

En una convocatoria por redes sociales, los manifestantes gritaron consignas contra el gobierno liberal de Mauricio Macri que asumió el pasado 10 de diciembre con la promesa de reducir el aparato público en momentos que el déficit fiscal supera el 7% del PIB.

Además Macri instruyó por decreto a todos los ministros y autoridades de organismos descentralizados del Estado "a revisar los procesos concursales y de selección de personal". (I)