Las dos Cámaras del Congreso de Estados Unidos aprobaron este miércoles con amplia mayoría la anulación del veto del presidente Barack Obama a una ley que permite a familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 demandar a Arabia Saudita.

En el Senado, la moción para rechazar el veto presidencial se impuso por un aplastante 97 votos a 1, al tiempo que en la Cámara de Representantes se impuso por 348 votos a 77. Es la primera vez que ocurre esto con un veto de Obama en sus ocho años como presidente.

La excepcional muestra de unidad bipartidista implica un severo golpe para Obama, quien realizó una fuerte campaña contra la propuesta, conocida como Ley de justicia contra los patrocinadores del terrorismo (JASTA, por su sigla en inglés).

La decisión, adoptada en los últimos meses de Obama en la Casa Blanca, muestra a un presidente debilitado. Obama había emitido 12 vetos durante su presidencia y ninguno de ellos había sido levantado hasta ahora, un hecho curioso, dado el control de larga data del que gozan los republicanos en el Congreso.

La Casa Blanca argumenta que la iniciativa socava el principio de inmunidad soberana y abre el camino a que Estados Unidos sea objeto de demandas.

En una carta enviada por la Casa Blanca a los líderes de los dos partidos en el Senado, Obama señaló su convicción de que la implementación de esa ley "sería perjudicial a los intereses nacionales de Estados Unidos".

Obama advirtió a los legisladores sobre las consecuencias "devastadoras" para el Pentágono, funcionarios oficiales, diplomáticos y servicios de inteligencia. Por ello, apuntó el presidente, la legislación "ni protegería a los estadounidenses de ataques terroristas ni mejoraría la eficacia de nuestras respuestas a esos ataques".

Familiares de víctimas por los ataques de 2001 han hecho fuerte campaña en favor de la ley, convencidos de que el gobierno saudita tiene responsabilidad en los ataques que provocaron la muerte de casi 3.000 personas.

Nada menos que 15 de los 19 personas que secuestraron los aviones ese día eran ciudadanos sauditas, aunque hasta el momento no fue posible determinar una conexión con el gobierno saudita. El gobierno de Arabia Saudita niega cualquier relación con los secuestradores.

Documentos recientemente desclasificados muestran que en algún momento de las investigaciones los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron sospechas sobre una eventual relación entre los atacantes y las autoridades sauditas.

"Cuando estaban en Estados Unidos, algunos de los secuestradores del 11 de septiembre estuvieron en contacto con -y recibieron soporte o asistencia de- personas que pueden hacer estado conectados con el gobierno saudita", se lee en uno de esos documentos recientemente desclasificados.

Uno de los defensores de la ley, el senador demócrata Chuck Schumer, dijo a los otros legisladores que el proyecto "dará a las víctimas del 11 de septiembre alguna mínima medidas de justicia". (I)