La migración, el comercio y el polémico muro fronterizo, fueron temas tratados ayer en una reunión por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y sus principales ministros junto con los secretarios estadounidenses, Rex Tillerson y John Kelly, de Estado y Seguridad Interior, respectivamente.

Este encuentro tuvo el propósito de acercar sus posturas en estos temas y así limar las tensiones tras los polémicos decretos del presidente Donald Trump. No obstante, el gabinete de Peña Nieto subrayó  horas antes que no aceptarán imposiciones de Washington.

“Quiero dejar claro y de la manera más enfática que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro”, afirmó el canciller mexicano, Luis Videgaray.

A finales de enero, ante la retórica desafiante del mandatario estadounidense por la construcción del muro y de decir que México pagará por ello, Peña Nieto anuló una visita a la Casa Blanca programada desde el año pasado, cuando el republicano estaba en campaña.

Desde el 20 de enero, día en que Trump  asumió el poder, el mandatario republicano ha tensado las relaciones con su vecino del sur. A esto se sumaron las directrices migratorias anunciadas el martes pasado para detener y deportar a gran parte de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, en su mayoría mexicanos.

Trump amenazó también con imponer aranceles a las importaciones mexicanas, bloquear las remesas que los migrantes envían a sus familias y renegociar, o incluso derogar, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyos términos considera que son demasiados favorables a México.

Sin embargo envió ahora a Tillerson y Kelly para acercar posturas en cuestiones que le preocupan como el paso de indocumentados por la frontera y la lucha contra el narcotráfico. “Esperamos que sea una visita con visión de futuro, durante la que se traten los medios para fortalecer nuestra cooperación y avanzar en la seguridad y el bienestar económico de nuestros dos pueblos”, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Según el diario The Washington Post, México está tratando de resolver esos problemas antes de septiembre, cuando inicie la campaña presidencial de 2018 ya que esto podría dificultar que el gobierno de Enrique Peña Nieto negocie con el presidente de Estados Unidos sin dañar las perspectivas del candidato de su Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El debate de la migración

La visita de los altos funcionarios estadounidenses es proyectar los planes de Washington de reprimir la inmigración ilegal y de obligar a su vecino del sur a hacer más para detener el flujo.

Unos 11 millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos, según el Research Center, en una población total de 324,6 millones de habitantes. La cifra se redujo desde los 12,2 millones en 2007, antes de la Gran Recesión que condujo a peores condiciones económicas y a un endurecimiento de las condiciones legales. Cerca de 5,9 millones provienen de México; 700.000 de El Salvador; 525.000 de Guatemala y 350.000 de Honduras.

Pero no todos los ilegales llegaron en los últimos años. Dos terceras partes del total están en Estados Unidos desde hace más de 10 años y 86% tienen más de 5 años.

De estas cifras, un porcentaje o quizás la mayoría ya están instalados con trabajos estables y con sus familias.

Aunque los inmigrantes acceden a empleos, pero con una tasa de desempleo que ha caído hasta 4,8%, no parece que el volumen de ellos les impida conseguir empleo a los estadounidenses nativos, por lo que no justifica la retórica republicana que los acusa de robar el mercado laboral a sus conciudadanos.

Otra de las justificaciones de Donald Trump es que los inmigrantes causan inseguridad, sin embargo, según el investigador Alex Nowrasteh, del Cato Institute, los datos sugieren que “los inmigrantes cometen menos delitos que los mismos nativos, o no tienen impacto en las tasas de delitos”.

Primero, explicó Nowrasteh, los inmigrantes que son delincuentes pueden ser deportados y es un fuerte factor disuasorio para no violar la ley que no enfrentan los estadounidenses. En segundo lugar, muchos inmigrantes ilegales motivados a venir al país para mejorar su situación económica, estarían menos inclinados a delinquir.

La seguridad en la frontera

La seguridad en las fronteras se hizo más estricta y el número de inmigrantes ilegales se mantuvo prácticamente estable en los últimos años. Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirman que mantener la cifra actual ya supone una carga pesada.

El departamento de Seguridad Interior afirma que el número de detenciones entre los que cruzan la frontera, “ha consumido significativamente los recursos del departamento de Seguridad Interior”.

En el año fiscal 2016, que terminó el 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza y la Agencia de Inmigración y Aduanas detuvieron a 530.000 personas y expulsaron a 451.000.

Por otro lado, en los tribunales del país hay 534.000 casos pendientes en la materia, más del doble que hace dos años.

Ayer, dos nuevas protestas que rechazan que sus autoridades mexicanas acepten dialogar con las estadounidenses permanecieron al pie de la embajada de Estados Unidos y frente a la sede de la cancillería en México. Los manifestantes amenazaron con mantenerse en vigilia hasta que parta la delegación estadounidense de regreso a su país. (I)

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Republicanos anulan protección a transgéneros

La administración del presidente Donald Trump anunció el miércoles que ponía fin a las instrucciones emitidas por el expresidente Barack Obama para que todos los distritos escolares de Estados Unidos permitieran a los niños y jóvenes trans usar los baños de acuerdo con el género con el que se identifiquen.

Los ministerios de Justicia y de Educación, dirigidos ambos por conservadores cristianos, indicaron en un comunicado que “retiraban las recomendaciones efectuadas a título del artículo IX (anti-discriminación, ndlr) en 2015 y en 2016”, sobre el acceso a instalaciones no mixtas, como vestuarios o baños.

Corresponde de nuevo a cada uno de los Estados federales y a los distritos escolares decidir sobre ese tema, al que se denominó “la batalla de los baños”.

La promulgación de esa disposición, considerada discriminatoria, desencadenó inmediatamente protestas civiles.

Obama puso en marcha estas medidas federales al amparo del título del artículo IX. A cambio, la derecha cristiana se opuso alegando que temía una multiplicación de las agresiones en los baños de mujeres.

La Corte Suprema se reunirá el mes próximo para estudiar el caso de un transgénero de 17 años de Virginia, que entabló una demanda para poder utilizar el baño de varones de su escuela. (I)