Se inició el juicio "mandrake" para destituir a Dilma

El pasado miércoles dos de diciembre de 2015, el presidente del Congreso Brasileño, Eduardo Cunha, aceptó la apertura del juicio político en contra de Dilma Rousseff, pudiendo llevar a la destitución de la presidenta. La acusación es que el gobierno cometió lo que se denomina en la jerga política brasileña como “pedaleada fiscal”. La “pedaleada” es una maniobra contable que maquilla las cuentas del Gobierno Federal, para aumentar ficticiamente un superávit primario, o impedir un déficit más grande. Esta maniobra fue realizada en el año 2014. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pasando por Lula, la “pedaleada fiscal” ha existido siempre, pero ninguno de ellos ha sido procesado.

Hay algunas variables importantes que reafirman que este juicio político contra Dilma es una vendetta política: Minutos antes del inicio del juicio, parlamentarios del PT dieron voto favorable para la investigación del presidente del Congreso, involucrado en numerosos casos de corrupción; Eduardo Cunha tiene 2 juicios por corrupción en la máxima corte brasileña; 4 cuentas no declaradas al fisco brasileño, más de 10 millones de dólares en Suiza; y más de 10 denuncias, inclusive el fiscal de la Nación pidió 100 años de cárcel para Cunha. La votación de los jueces que condenó a Dilma duró apenas 15 minutos. Mucho antes de juzgar, el juez-relator ya había hecho pública su decisión, en un caso claro de prevaricato. Claro, el juez-relator y su hijo son investigados por la Policía Federal por venta de decisiones favorables a denunciados por corrupción. El presidente del Congreso es del partido del vicepresidente de la República. ¿Coincidencia? Tampoco. Esa política de coalición con la derecha, heredada de Lula, fracasó.

La prensa internacional y, principalmente, la brasileña, ha creado una matriz de opinión que confunde los casos de denuncia de corrupción en la Petrobras con el juicio político. Este último resulta de una cuestión contable. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Dilma no ha sido acusada formalmente de nada en el ámbito legal, pero en los noticieros de las empresas de comunicación, Dilma ya fue condenada. Vale destacar que Rousseff ha sido la principal promotora de la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil. Si el caso incluye miembros del primer escalón de su gobierno, o de la cúpula del PT, Dilma no duda en cortar cabezas, incluso afectando su propia gobernabilidad. Para ella, la mecánica política que calcula las decisiones no existe. Ella hace lo que cree que debe ser hecho. Pero como su principal debilidad es la comunicación, la prensa plantó en el imaginario brasileño que el gobierno y la propia presidenta son los más corruptos de la historia del país. Dilma ni siquiera consiguió capitalizar los exitosos logros de esta lucha.

Pese a que el juicio contra Dilma es medio “mandrake”, sin legitimidad, y auspiciado por un corrupto, la posibilidad de que Dilma sobreviva es muy remota. Hay que tomar en cuenta que tiene 65% de rechazo, apenas 10% de aprobación, y no cuenta con mayoría en el Congreso. Puede suceder, pero es casi imposible. Que sirva de lección a la izquierda latinoamericana. No se puede gobernar con la derecha. (O)