La excarcelación de la líder social indígena Milagro Sala en Argentina para cumplir prisión domiciliaria como pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está demorada por un entuerto legal que su defensa tildó este jueves de "intencional".

"Es más hostigamiento para tratar de derrotarla, de quebrar su moral", dijo su abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta en rueda de prensa junto con organismos defensores de los derechos humanos.

Sala está en prisión preventiva desde enero de 2016 en la provincia de Jujuy (1.900 km al norte de Buenos Aires) por presuntas amenazas y malversación de fondos públicos que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kichner (2003-2015) para construir viviendas y llevar adelante proyectos sociales.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria consideró su detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y ha pedido su liberación inmediata desde 2016.

El miércoles y tras una medida cautelar en su favor que dictó la CIDH, uno de los jueces que interviene en el caso le concedió la prisión domiciliaria en una casa "que ella no habita, sin luz, ni agua, ni sanitarios, completamente inhabitable", dijo su abogada.

El lugar está a su nombre pero no es la casa donde habita con su esposo, sino un complejo en construcción donde iba a funcionar un albergue juvenil de la organización social Tupac Amaru que lidera.

"Pero igual comunicamos al juez que Milagro podía trasladarse a esa vivienda. Es nuestra prioridad, preferimos a Milagro allí que en el penal", dijo.

"El peligro de Milagro es el servicio penitenciario, el poder judicial de Jujuy y el gobernador Gerardo Morales", dijo Gómez Alcorta.

Morales, un aliado del presidente Mauricio Macri, es impulsor de causas contra Sala.

"Morales no le perdona que sea mujer, indígena, colla y líder social", opinó su defensa retomando palabras de la propia Sala.

Para que su excarcelación se haga efectiva resta que se expida el otro juez provincial que tiene causas en su contra.

"Faltan informes", dijo el juez Pullen Llermanos a la prensa jujeña tras inspeccionar el domicilio que admitió "está abandonado, pero puede ponerse en condiciones para un posible traslado".

El juez relativizó el plazo que dio la CIDH al Estado Argentino para cumplir la medida cautelar y que expiró el 11 de agosto pasado.

La cautelar "no tiene carácter obligatorio por lo tanto el plazo puede no ser cumplido, puede demorar un poco más", sostuvo.

La defensa de Sala objetó las condiciones de detención domiciliaria que incluyen una guardia de Gendarmería Nacional, algo que consideran "ilegal".

"Los 527 genocidas (de la última dictadura militar 1976-1983) que cumplen preventiva o condena en sus domicilios, las cumplen en sus casas y sin ninguna custodia de fuerzas de seguridad porque está prohibido por ley", dijo Gómez Alcorta. (I)