El Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron este miércoles 23 de septiembre, en La Habana, un importante acuerdo sobre justicia transicional que incluye la creación de un tribunal especial para la paz.

Representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, leyeron el comunicado del acuerdo, acompañados de las dos delegaciones de paz, encabezadas por el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Timochenko.

Los acuerdos anunciados se refieren a la jurisdicción especial a la que se someterán quienes cometieron crímenes durante los 50 años de conflicto, que ha dejado 220.000 muertos y 6 millones de desplazados, y que es uno de los temas más espinosos del proceso.

El tema de la justicia por los crímenes cometidos a lo largo del conflicto ha sido objeto de largas negociaciones.

En su intervención, el presidente Santos anunció que acordó con el jefe de las FARC que se deberá llegar a un acuerdo final de paz "a más tardar en seis meses", es decir el 23 de marzo de 2016.

"Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarles a los colombianos, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos", declaró.

"Y también acordamos que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final", añadió Santos.

"No va a ser una tarea fácil, porque faltan muchos puntos difíciles por acordar, pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones", dijo el mandatario colombiano.

El acuerdo sobre justicia "sin duda generará ambiente propicio para avanzar sobre convenios en la restante temática de la agenda" de paz, declaró por su lado Timochenko.

Destacó que este nuevo sistema de justicia ha sido diseñado "para todos los involucrados en el conflicto (....) y no solo para una de las partes" y "abre posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena" sobre el conflicto armado.

"Esos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano. La paz en Colombia no solo es posible, es indispensable, pero requiere gran esfuerzo y voluntad lo que están demostrando las dos partes", dijo por su parte el mandatario cubano Raúl Castro.

El presidente de Colombia @JuanManSantos estrecha la mano del comandante @timochenko_farc #PorlaPazdeColombia https://t.co/X40SJlvGY8

— Diario El Telégrafo (@el_telegrafo) septiembre 23, 2015

El comunicado conjunto anunciado el miércoles prevé la forma en que se aplicará la justicia una vez concluido el conflicto armado de medio siglo.

En ese sentido, las FARC y el gobierno de Colombia acordaron que el Estado otorgará "la amnistía mas amplia posible por delitos políticos y conexos", pero excluyendo los delitos de lesa humanidad  como el genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado y violencia sexual, entre otras".

La jurisdicción especial contará con salas de justicia y un tribunal para la paz.

Este fue el primer encuentro frente a frente entre el presidente Santos y el jefe de las FARC.

El acuerdo fue logrado tres días después de que el papa Francisco dijera en La Habana que el proceso de paz en Colombia no podía permitirse "otro fracaso".

A continuación el comunicado conjunto completo:

1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-­‐EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un  Nuevo  Campo  Colombiano: Reforma  Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de  las  víctimas  y  contribuya  a  la  construcción  de  una  paz  estable  y  duradera.  Con  ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que  se  creará  una  Comisión  para  el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.

3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la  Paz,  que  contará  con  Salas  de  Justicia  y  con  un  Tribunal  para  la  Paz.  Las  Salas  y  el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una  participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad,  contribuir a la reparación de  las  víctimas  y  juzgar  e  imponer  sanciones  a  los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.

4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.

5. En todo caso no serán objeto de  amnistía o indulto las  conductas  tipificadas  en  la  legislación  nacional  que  se correspondan  con  los  delitos  de  lesa  humanidad,  el  genocidio  y  los  graves  crímenes  de guerra, entre  otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad,  la  tortura,  el  desplazamiento  forzado,  la  desaparición  forzada,  las  ejecuciones extrajudiciales   y  la   violencia   sexual.   Estos   delitos   serán   objeto   de   investigación   y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

6. La Jurisdicción Especial para  la  Paz  tendrá  competencia  respecto  de  todos  los  que  de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-­‐EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

7. La Jurisdicción Especial para la  Paz  contempla  dos  tipos  de  procedimientos:  uno  para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.

8. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán  como  finalidad  esencial  satisfacer  los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los  delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones  para  quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y  un máximo  de  8  de  restricción  efectiva  de  la  libertad,  en  condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión  de  5  a  8  años,  en  condiciones  ordinarias.  Para  tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con  su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas  que  se  nieguen  a  reconocer  su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.

9. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.

10. En el caso de las FARC-­‐EP, la participación en el sistema integral estará sujeto a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

11. La transformación de las FARC-­‐EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden. (I)