El presidente Juan Manuel Santos pidió este viernes perdón en nombre del Estado colombiano por la desaparición de ciudadanos tras la sangrienta recuperación militar del Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros hace tres décadas.

El mandatario encabezó "un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado por los hechos", que dejaron un centenar de muertos -incluidos 11 magistrados- y 10 desaparecidos.

"Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón", sostuvo Santos en el acto al indicar que "lo hace de corazón". Recordó, además, que es una de las medidas de reparación ordenada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

"Con las desapariciones forzadas, el Estado violó el respeto y la garantía de los derechos a la vida", apuntó el mandatario colombiano al recalcar que cumplirá con las medidas ordenadas en la sentencia.

"Quiero manifestar a los familiares de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus seres queridos", recalcó Santos. Añadió que "no vamos a descansar hasta encontrarlos, y esto se extiende a todos los desaparecidos en Colombia".

A la ceremonia de este viernes, en el reconstruido Palacio de Justicia, asistieron entre fuertes medidas de seguridad familiares de desaparecidos, magistrados, exguerrilleros del M-19 -como el alcalde saliente de Bogotá, Gustavo Petro, y el actual senador Antonio Navarro-, y miembros del gabinete de Santos, como el ministro de Justicia, Yesid Reyes, cuyo padre pereció durante la retoma, entre otros.

Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur, con quien sostenía negociaciones de paz. La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra, en una operación de retoma devenida en masacre.

Santos cumplió así una medida de reparación ordenada el año pasado por la  CorteIDH, que consideró que en el accionar de la fuerza pública "existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas" sospechosas de colaborar con el M-19, que dejó las armas en 1990.

La Corte IDH responsabilizó entonces al Estado por la desaparición de empleados de la cafetería del edificio, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.

Santos dijo que el Estado colombiano no sólo respeta sus obligaciones internacionales, sino que busca contribuir a la reparación integral de las víctimas y llamar a la sociedad para que hechos así no se repitan. El gobierno enmarcó este acto en el compromiso con "la búsqueda de la paz y la reconciliación". (I)