Durante el interrogatorio al que fue sometido por agentes de  la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente de Colombia, “mantuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con traficantes de cocaína”. Más aún, dijo que  Santos “estuvo involucrado en la planeación de un golpe militar contra la administración de (Ernesto) Samper” (1994-1998).

El citado memorándum de la DEA del 25 de marzo de 2010, asienta: “Mancuso sostuvo que Santos y el resto de la oligarquía de Bogotá estaban molestos por la corrupción y la ineficacia de la administración de Samper y decidieron unir fuerzas con el cartel del Norte del Valle y las AUC con el propósito de remplazar a Samper por un político popular de su elección (…) El presidente interino debería ser Álvaro Gómez Hurtado. Mancuso afirmó que Santos y el resto de los conspiradores querían información sobre sobornos que el cartel del Norte del Valle había pagado a la administración de Samper y que con esta información y el apoyo de los militares colombianos ellos desestabilizarían al gobierno de Samper, al cual remplazarían por un gobierno interino encabezado por Gómez Hurtado”.

El documento continúa: “Mancuso dijo que Santos y otros 20 individuos volaron a la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y de ahí tomaron un helicóptero perteneciente a Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño, uno de los principales capos del cartel del Norte del Valle) que los transportó a San Pedro de Urabá, en el departamento de Antioquia, donde planearon el golpe de Estado. Desafortunadamente para los conspiradores  resultó que Gómez Hurtado no quiso ser presidente y amenazó con exponer el plan. De acuerdo con Macuso, Danilo González Gil y el general Naranjo estuvieron involucrados en el asesinato de Gómez Hurtado para cubrir la conspiración”.

Gómez Hurtado fue diputado, senador y en tres ocasiones candidato a la presidencia de Colombia. Su asesinato ocurrió el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda.

En realidad, las declaraciones que Mancuso hizo a los agentes de la DEA sobre la participación de Santos en un complot para derrocar a Samper no eran nuevas. Ya las había hecho el 15 de mayo de 2007 ante fiscales de Colombia, en el marco del Proceso de Justicia y Paz. Sólo que entonces no mencionó que dicho complot hubiera derivado en la muerte de Gómez Hurtado.

De acuerdo con una nota de Radio Caracol publicada en mayo de 2007, Santos, entonces ministro de Defensa, negó las acusaciones que Gómez Bustamante hizo en su contra durante el Proceso de Justicia y Paz. Admitió: quería que Samper dejara el gobierno, pero nunca propuso derrocarlo. Sin embargo, por este supuesto complot, así como por un escándalo de escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia de la Policía y por haber hecho declaraciones que tensaron las relaciones con Venezuela, en mayo de ese año los partidos de oposición al gobierno de Uribe y el Partido Cambio Radical (perteneciente a la coalición uribista) propusieron en el Congreso colombiano una moción de censura en contra de Santos. El 13 de junio de ese año, el Congreso rechazó dicha moción debido a que Cambio Radical revirtió su decisión de votar a favor de esta.

Según publicó la revista Semana en su edición del 20 de enero de 2010, Gómez Bustamante -quien fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2007- declaró ante una comisión judicial colombo-estadounidense que el ex  presidente Samper y su ministro del Interior, Horacio Serpa, habrían sido autores intelectuales de la muerte de Gómez Hurtado y que el coronel Danilo González (subordinado de Naranjo) se habría valido de dos suboficiales de la Policía Nacional de su entera confianza para cometer dicho asesinato. Tanto Samper como Serpa negaron cualquier implicación en el homicidio y calificaron las declaraciones de Gómez Bustamante como “fantasiosas”.

El guardaespaldas    

En los interrogatorios con agentes de la DEA, Mancuso y Jiménez Naranjo señalaron que varios colaboradores cercanos al ex presidente Álvaro Uribe recibieron dinero de las AUC y de organizaciones del narcotráfico a cambio de ofrecerles apoyo. Uno de ellos: el general retirado Mauricio Santoyo Velasco, quien fue jefe de Seguridad del presidente Uribe de 2002 a 2005. 

Jiménez Naranjo afirmó que Santoyo recibía “un salario” de las AUC y que un cuñado de este era el jefe de seguridad del narcotraficante  Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera. Y Flórez Upegui sostuvo que Santoyo mantenía vínculos con la Oficina del Envigado y que Pedro Gallon Henao –ligado a actividades de narcotráfico-- “había tenido acceso a oficiales corruptos del más alto nivel en la Policía colombiana, los cuales recibían ‘favores especiales’ a través de Santoyo”.

Dichas declaraciones ante la DEA -realizadas en marzo y mayo de 2010, respectivamente- tenían, al parecer, fundamento: la prensa colombiana publicó que el pasado 2 de julio el general Santoyo se entregó a la DEA en el hangar de esta agencia en el aeropuerto CATAM de Bogotá. La razón: enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal en Alexandria, Estado de Virginia.

De acuerdo con la acusación estadounidense, las AUC y la Oficina del Envigado pagaron sobornos a Montoya para que este colaborara en operaciones de tráfico de drogas y les entregara información secreta sobre operativos de la DEA y de las autoridades colombianas.

Oscar Rodríguez, abogado del general Santoyo, dijo que este “se declaró inocente” durante una audiencia realizada en la corte federal de Alexandria, publicó el diario colombiano El Espectador.

El cartel de las tres letras

Un “reporte de investigación” elaborado por la oficina de la DEA en Nueva York, con fecha 4 de agosto de 2009, da cuenta del interrogatorio que realizaron miembros de esa agencia a Rafael García, quien fue jefe de los Sistemas de Información del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –uno de los organismos de inteligencia de Colombia- de septiembre de 2002 a enero de 2005. El interrogatorio se efectuó en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de julio de 2009.

De acuerdo con este documento, García afirmó que durante las elecciones presidenciales de 2002, “Raúl Montoya Flores, un rico empresario que era amigo de Gilberto Molina, ex miembro del cartel de Medellín durante los noventa, proveyó de grandes cantidades de dinero para financiar la campaña presidencial” de Uribe. Sostuvo que “cuentas bancarias de Molina fueron utilizadas para pagar el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano”.

García cuenta que cuando en 2002 Uribe ganó la elección presidencial, este designó a Jorge Noguera Cotes como director del DAS. Lo hizo por solicitud de Sergio Araujo Castro, testaferro del comandante del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En esas fechas Noguera nombró a García jefe de los Sistemas de Información del DAS.

García señaló que su trabajo consistió en “apoyar a las AUC”, lo cual incluía obtener secretos de inteligencia y manipular o alterar información judicial para beneficiar a las AUC y a importantes narcotraficantes. Dijo que para hacer esto, el DAS era apoyado por colaboradores ubicados dentro de varias entidades judiciales del gobierno colombiano.

García expuso que el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad del presidente Uribe,  era “el receptor” de la información obtenida ilegalmente por el DAS y que a veces este le solicitaba a este organismo “investigar a individuos que posteriormente eran objeto de amenazas de muerte o de atentados contra sus vidas”. 

García contó que proveyó a las AUC de información sobre una operación en su contra que la Policía Nacional de Colombia iba a realizar en  el departamento de Magdalena. La PND se dio cuenta y empezó a investigarlo. En ese momento el DAS recibió información sobre una operación contra las AUC que debía informar a éstas: La “Operación Ciclón”, que llevaría a cabo la Unidad Anti-Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la Nación. García declinó ofrecer la información a la organización paramilitar. Confesó que temió por su seguridad y la de su familia. Habló con su jefe, Noguera.

“Noguera dijo a García que el presidente Uribe y el procurador Osorio tenían conocimiento de cada cosa que ellos (Noguera y García) estaban haciendo y concertó una cita con el mandatario en la cual este aprobó la entrega de la información secreta”, asienta el reporte de la DEA. Y añade: “García entregó la información a las AUC, lo cual resultó en el fracaso de la Operación Ciclón”.

García indicó que en 2003 Noguera creó un grupo clandestino para infiltrarse en Venezuela y proveer apoyo al Bloque Democrático (BD), organización opositora al presidente Chávez. Afirmó que BD permitió que ese grupo clandestino utilizara territorio y áreas costeras venezolanas para traficar drogas a cambio del apoyo del DAS y las AUC para derribar al régimen de Chávez.

Agregó: “Los narcóticos eran transportados de Colombia a Venezuela y luego a Guatemala y México a través de lanchas rápidas que transportaban toneladas de cocaína. El ex gobernador del departamento de Cesar, Hernando Molina Araujo, estableció las rutas y facilitó los contactos en Guatemala para recibir las cargas de cocaína”.

El documento de la DEA añade: “Noguera fue el responsable de iniciar los contactos con la organización mexicana de los Beltrán Leyva. García también viajó a México y en representación de Noguera se reunió con miembros de los Beltrán Leyva, con quienes negoció cargamentos de drogas”.

García ya había denunciado a Noguera en 2006 en Colombia. Un año después la justicia colombiana detuvo a Noguera e inició en su contra un juicio que escaló hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual en septiembre de 2011 lo condenó a 25 años de prisión por aliarse con los paramilitares de las AUC y facilitarles información privilegiada.