El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregará  a un grupo de campesinos los títulos de 100.000 hectáreas de tierras que fueron usurpadas por las FARC en la región del Caguán, cuando se cumplen once años del fin de los fallidos diálogos de paz en esa zona del sur del país.

La Presidencia de Colombia informó de este simbólico viaje del mandatario a San Vicente del Caguán, capital del sureño departamento del Caquetá y ciudad que sirvió de sede al proceso de paz entre el Gobierno del expresidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 1998 y 2002.

San Vicente del Caguán además fue el eje de una zona de más de 42.000 kilómetros cuadrados que fue declarada de distensión para favorecer el proceso, pese a lo cual terminó en fracaso.

"El Estado se dispone a recuperar unas tierras que habían sido indebidamente invadidas por las FARC, son tierras baldías que el Estado recupera para ponerlas en servicio de los programas agrarios", explicó hoy el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en declaraciones a Caracol Radio.

En el acto el Gobierno entregará a los campesinos, verdaderos dueños y víctimas del despojo, un total de 100.000 hectáreas que estaban en poder de testaferros de la guerrilla.

Al parecer, comandantes guerrilleros como el fallecido "Mono Jojoy", alias de Víctor Julio Suárez Rojas, tomaron algunas de esas tierras como bienes en propiedad.

Un bombardeo masivo de la Fuerza Aérea Colombiana destruyó el 22 de septiembre de 2010 el "búnker" donde se encontraba el entonces jefe militar guerrillero, ubicado en la serranía de La Macarena, entre los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.

La entrega de estas tierras se enmarca en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras vigente desde 2012 en Colombia y que, según el ministro Restrepo, afecta a guerrilleros y paramilitares por igual.

De hecho, el pasado 13 de febrero un tribunal especializado dictó una sentencia para devolver 164 hectáreas de tierras de una hacienda en Córdoba, en el norte del país, a 32 familias que fueron obligadas a abandonarlas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su fundador, el paramilitar Carlos Castaño, entre 1999 y 2002.

"Se trata de un logro trascendental para la unidad de restitución de tierras de Colombia y para las víctimas que han tenido la valentía de reclamar sus tierras", dijo hoy desde Washington el director para América de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.