El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, endureció este jueves las medidas para enfrentar el paro camionero, que lleva 38 días y ha causado desabastecimiento y alza de precios, y duplicó el número de miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad en las vías.

Los transportadores "no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos, de la canasta familiar, del bolsillo de las familias, del normal abastecimiento de alimentos, del empleo, del trabajo decente y de la actividad de campesinos e industriales", dijo Santos en una declaración televisada desde la Casa de Nariño, la sede presidencial.

El mandatario dijo que 50.000 efectivos de la fuerza pública custodiarán las carreteras y acompañarán a los transportistas que no se adhieran al paro, un aumento de 27.000 hombres con respecto a lo dispuesto anteriormente por las autoridades.

Santos dijo que no tolerará actos violentos como expresiones de protesta, tras los choques esta semana entre manifestantes y policías, que dejaron un muerto y varios heridos.

Entre los lesionados está Carlos Andrés Amaya, gobernador del departamento central de Boyacá, una de las despensas del país y con mayor alteración del orden público y del transporte.

El paro, que se inició el 7 de junio, busca la puesta en marcha efectiva de un fondo de chatarrización, programas sociales para los conductores, mayor seguridad en las vías, baja en el costo de peajes y combustibles, entre otros reclamos.

Santos afirmó que si se aceptan las peticiones hechas por los transportistas en la mesa de negociación con el gobierno, instalada cuando se inició el paro, se "sube un 10% (el precio de) los productos de la canasta familiar".

"El bienestar de los colombianos, el derecho al trabajo digno y el crecimiento económico de todo el país no pueden ser el precio a pagar para levantar el paro", agregó el jefe de Estado, quien la víspera afirmó que "la seguridad alimentaria del país" no se podía poner en riesgo por la protesta.

También llamó la atención sobre la "corrupción" en el programa de chatarrización de vehículos de carga, que investiga la Fiscalía.

Según Santos, este programa se ha convertido en "un negocio particular en el que las principales víctimas son los pequeños transportadores". "No se puedo tolerar un cartel del transporte que fija los precios y prohíbe la competencia", puntualizó.

Dentro de las medidas para "garantizar el abastecimiento y el transporte de mercancías", el gobierno dispuso inmovilizar e incautar los vehículos utilizados para bloquear las vías e impedir el servicio de transporte.

Se va a "establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieren trabajar", dijo el presidente.

El gobierno cancelará además las licencias de conducción y operación de los conductores, propietarios y empresas que participen en los bloqueos e impondrá a estas últimas multas de hasta 480 millones de pesos (unos 163.000 dólares). También permitirá "temporalmente" el transporte de carga a vehículos particulares. (I)