La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó este viernes que su destitución producto del impeachment no fue una reacción del Tribunal, sino que fue un "proceso meramente político".

 "Nosotros estamos bajo un golpe parlamentario en Brasil, a los que dieron el golpe no les gusta esa palabra, no quieren que quede claro este proceso", subrayó Rousseff durante una rueda de prensa. 

"Ejercieron una especie de chantaje, y si no aceptaba este proceso amenazaron con seguir con las acusaciones, lamentablemente en ese proceso también estaba el vicepresidente Michel Temer", señaló y se confesó víctima del proceso de destitución.

La presidenta cuestionó la situación de Brasil: "Si uno sufre un juicio político sin crimen de responsabilidad y además me inhabilitas políticamente por ocho años, cabe preguntarse ¿qué sucede en nuestro país?".

Declaró que fue condenada a la "pena de muerte política", la cual es la mayor condena que puede recibir cualquier brasileño en una democracia.

"La democracia fue juzgada junto conmigo. Desgraciadamente perdimos. Espero que podamos reconstruirla y tener la certeza de que esto no volverá a ocurrir", manifestó  Rousseff, quien fue destituida por un juicio político el pasado miércoles.

Rousseff anunció que abandonará Brasilia para instalarse en Porto Alegre (sur), desde donde hará oposición al gobierno de Temer.

"No me quedaré en Brasilia e iré a Porto Alegre", dijo a corresponsales extranjeros la exmandataria, precisando que se mudará del Distrito Federal "a principios de la próxima semana".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación ante las denuncias de "irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso" en la destitución de Rousseff. 

En una nota oficial, la entidad de la OEA admitió que la figura del juicio político existe en la legislación de varios países latinoamericanos pero señaló que "todo procedimiento sancionatorio debe contar con las garantías mínimas del debido proceso". (I)