La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este martes que los migrantes detenidos en el país no tienen derecho a una audiencia periódica para pedir su liberación condicional, incluso cuando su retención administrativa se prolonga de manera indefinida.

La decisión fue tomada por una mayoría de cinco jueces conservadores de la corte, contra tres magistrados progresistas. Un noveno juez se declaró incompetente en este caso.

"El gobierno de Trump intenta prolongar a niveles récord las detenciones en materia de inmigración", comentó este martes Ahilan Arulanantham, abogado que actuó en contra de las autoridades durante una audiencia en octubre.

Arulanantham pidió volver a los tribunales de primera instancia para continuar la lucha contra "las detenciones prolongadas abusivas".

El juez progresista Stephen Breyer dio su opinión por escrito en contra de la decisión judicial y llamó a "recordar las palabras de la Declaración de Independencia (de EEUU), en particular el énfasis que pone sobre los derechos inalienables de todos los hombres y mujeres, entre ellos la libertad".

Si son interpelados tras haber cruzado ilegalmente la frontera estadounidense e impugnan su expulsión, o si son arrestados por una infracción que les vale la expulsión y eligen luchar para quedarse en Estados Unidos, los inmigrantes actualmente corren el riesgo de pasar meses, o años, tras las rejas.

"Es increíble que un ciudadano arrestado por un crimen tenga derecho a una audiencia dentro de las 48 horas (...) mientras que un extranjero que no cometió un crimen será detenido seis meses sin ser escuchado" por un juez, había dicho David Cole, director jurídico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU del inglés).

El caso considerado este martes tiene su origen en un recurso colectivo presentado por un mexicano, Alejandro Rodríguez, y otros extranjeros.

Rodríguez llegó de chico a Estados Unidos, tenía un permiso de residencia y trabajaba como asistente dental. Pero tras haber sido detenido por conducir un automóvil robado e interpelado por posesión de estupefacientes, las autoridades buscaron expulsarlo.

Pasó tres años en prisión antes de lograr hacer valer su derecho de permanecer en el país.

Estas detenciones prolongadas son parecidas a una reclusión en un centro penitenciario. Los extranjeros deben vestir un traje de prisionero, tienen los brazos y piernas esposados en la sala de visitas y son sometidos a las requisas y a la vigilancia clásica de una cárcel. (I)