Está previsto que el mandatario anuncie medidas ejecutivas antes de fin de año
Republicanos frenarán decreto migratorio
Washington.-
Los legisladores republicanos estadounidenses amenazan con cerrar las operaciones del gobierno si el presidente Barack Obama utiliza su autoridad ejecutiva para indultar a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados.
“Los republicanos están viendo distintas opciones sobre cómo responder de mejor manera a la acción unilateral del presidente, que mucha gente piensa que es una acción inconstitucional e ilegal”, subrayó a la cadena Fox el senador republicano por Dakota del Sur, John Thune.
Se estima que el presidente estadounidense podría anunciar próximamente una regularización provisional de una parte de los cerca de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, como parte de la reforma migratoria.
“No puedo esperar eternamente mientras estoy en el poder, al menos en los dos próximos años, de mejorar el sistema, de reforzar los medios en la frontera en vez de separar a las familias, de mejorar el sistema legal de inmigración”, declaró Obama el domingo pasado.
El argumento de la Casa Blanca es que los recursos, vastos pero limitados, de las autoridades federales en materia de inmigración serían mejor utilizados si se concentraran en la frontera con México, de un lado, y en la expulsión de los extranjeros en situación irregular que representan una amenaza para la seguridad pública, por el otro.
El ejecutivo argumentó que dispone del poder para seleccionar a qué clandestinos van a expulsar primero los servicios de inmigración y cuáles pueden beneficiarse de un “indulto”.
Una parte de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven clandestinamente podría recibir un documento que los indulte contra una expulsión durante un período concreto, acompañado de un permiso de trabajo.
En junio de 2012, Obama puso en marcha una versión de este plan para los jóvenes, llegados antes de los 16 años a Estados Unidos y con menos de 31 años en junio de 2012, presentes desde al menos cinco años, sin condenas graves y bajo la condición de poseer como mínimo un diploma equivalente al bachillerato.
Cerca de 600.000 inmigrantes ilegales obtuvieron un permiso de trabajo renovable de dos años por esta vía al 30 de junio de 2014, sobre cerca de 1,2 millones de personas que responden potencialmente a los criterios.