La reforma migratoria continúa siendo una asignatura pendiente en Estados Unidos luego de que hace un año el Senado avalara la iniciativa, pero la Cámara de Representantes rehúsa debatir el tema para legalizar a 11 millones de indocumentados.

El 27 de junio de 2013, la Cámara baja aprobó (con 68 votos a favor y 32 en contra) un proyecto de ley bipartidista que incluyó un camino a la ciudadanía para aquellos residentes ilegales desde antes del 31 de diciembre de 2011 y que carecieran de antecedentes criminales.

Una vez fichados por el Departamento de Seguridad Nacional, las personas sin papeles entrarían en un estado de residencia provisional por 10 años, al término de los cuales podrían pedir la residencia permanente y, tras 36 meses adicionales, serían elegibles para gestionar la ciudadanía.

El plan, enviado a la Cámara baja, fue sin embargo ‘secuestrado’ por la mayoría republicana, que ha esgrimido toda suerte de justificaciones para evitar que la medida avance.

En marzo, los demócratas trataron de maniobrar mediante una acción legislativa conocida como discharge petition (petición de descarga) para forzar el análisis del proyecto, pero no pudieron conseguir los 218 votos requeridos para discutir la medida.

El líder de la mayoría conservadora en ese hemiciclo y legislador por Ohio, John Boehner, junto a otros prominentes correligionarios, insiste en que la desconfianza en el presidente Barack Obama para hacer cumplir los mecanismos de aplicación más estricta de cualquier ley de reforma hace inviable su aprobación.

Pero mientras continúan las discrepancias entre las dos fuerzas políticas en el Congreso, se ha abierto un debate sobre la crisis humanitaria que ha generado el aumento del número de niños migrantes que cruzan solos la frontera para ingresar al país.

Entre 500 y 600 menores de cero a 17 años ingresan de forma ilegal todos los días en Estados Unidos, afirmó la viceministra para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, en el marco de la XIX Conferencia Internacional de Migración que se celebra en Managua.

Al contrario que los adultos, los menores no viajan a Estados Unidos de forma ilegal en busca del ‘sueño americano’, sino aspirando a reencontrarse con sus padres o escapando de la violencia, explicó la funcionaria.

Por esa razón, los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador han iniciado tareas para atender a los menores una vez que sean deportados a sus países de origen.

Más de 52.000 menores han ingresado en Estados Unidos de forma ilegal en lo que va del año, de acuerdo con cifras divulgadas por las autoridades norteamericanas.