Argentina.- La reforma judicial presentada hace una semana por la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha causado un debate público en el país. La iniciativa que incluye seis anteproyectos, tres ya aprobados en primera instancia por comisiones senatoriales, que serán debatidos mañana en el pleno, mientras los otros comenzarán hoy su curso en la Cámara de Diputados.

Entre las medidas propuestas están: establecer tres cámaras de Casación, que los miembros del Consejo de la Magistratura pasen de 13 a 19 y que sean elegidos por votación popular, y regularizar los límites en los procesos cautelares.

A juzgar por las declaraciones de los partidarios de la iniciativa, el objetivo es romper el poder e influencia de los grupos judiciales tradicionales, o corporaciones, que se han enquistado en el sistema legal del país.

En una entrevista que publicó ayer el diario Página 12, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien apoya la reforma, advirtió que la justicia en Argentina no es elitista porque existe el movimiento “Justicia Legítima”. Recordó, no obstante, que “la Justicia ha sido adiestrada en legitimar las dictaduras y el vaciamiento neoliberal, además del carácter corporativo de los poderes fácticos”.

Históricamente -añadió- ha prevalecido la lógica de la familia judicial tradicional, que  convalidó los golpes cívico-militares cuando minorías poderosas vieron peligrar sus intereses políticos y económicos.

“Esa es la lógica que ha perdurado en el tiempo, un sistema con jueces dóciles ante las presiones corporativas, y es lo que ha alejado el sistema judicial de la ciudadanía”.  En su experiencia como fiscal dijo que cuando aparecen las corporaciones se quiebran las normas. “He hecho decenas de denuncias por temas económicos de este tipo en el Consejo de la Magistratura, que no tuvieron destino”, acotó.

Desde hoy los diputados debatirán los proyectos que decretan que las declaraciones juradas sean de carácter público y de libre acceso, y que toda decisión de la Corte Suprema y de los Tribunales de Segunda Instancia sea hecha pública. El tercero garantiza el ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación.

El oficialismo buscará hoy dar un dictamen y tratar las iniciativas mañana en el plenario.

Mientras que, representantes de la oposición recorrieron el sábado y domingo distintos puntos de Buenos Aires, con la finalidad de recolectar firmas para un petitorio con la idea de impedir la reforma judicial.

Sin embargo, la  declaración no tendrá validez legal, excepto echar leña al fuego de la polémica. También preparan una manifestación frente a la sede general de los tribunales en la capital.

A favor y en contra

Gils Carbó defendió la reforma judicial impulsada por el Gobierno porque consideró que ayudará a “sanear la Justicia” y afirmó que hoy el “Poder Judicial está adiestrado para defender intereses corporativos”.

Gils Carbó también criticó el paro de la Unión de Empleados de la Justicia en contra de la reforma y señaló que “habría que cuestionarse la legitimidad de ese gremio”.

Entre  tanto, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina -al inicio de la gestión-, consideró que es “de una enorme gravedad” el proyecto de reforma judicial impulsado por el kirchnerismo.

Fernández expresó que, con los proyectos, la presidenta busca “subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo” y sostuvo que el espíritu es “volver partidaria la elección de los jueces”.

Según una declaración de la Oposición Unida, la “reforma no servirá para que la justicia mejore, sea rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno”. Esto ha sido negado enfáticamente por la presidenta Cristina Fernández.