Una nueva ola de violencia contra líderes sociales prendió este jueves 5 de julio las alarmas en Colombia, en donde al menos cuatro de ellos fueron asesinados esta semana, lo que hace temer un recrudecimiento de los ataques de índole política.

Las víctimas más recientes fueron Margarita Estupiñán, asesinada en Tumaco, municipio del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, que tiene uno de los mayores índices de violencia del país; Ana María Cortés, en Cáceres (Antioquia); Felicinda Santamaría, en Quibdó (Chocó), y Luis Barrios Machado, en Palmar de Varela (Atlántico).

El número de víctimas varía según el organismo que los contabilice, pero el director del cuerpo élite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, aseguró que al menos 178 de estos activistas han sido asesinados en el país desde que noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

Sin embargo, el balance más preocupante es uno de la Defensoría del Pueblo, según el cual entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 fueron asesinados 311.

La Organización de Naciones Unidas en Colombia rechazó y condenó hoy "vehementemente" esos asesinatos y consideró que "el recrudecimiento de la violencia" dificulta las condiciones para una paz estable y duradera.

Según el organismo, los asesinatos han ocurrido principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, "sin contar el resto del territorio que también se está viendo gravemente afectado".

La situación de violencia hizo que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenara hoy el traslado a Nariño y Cauca de inspectores del Ejército y de la Policía para investigar lo sucedido y proteger a los líderes sociales.

"Quiero condenar una vez más de la forma más enérgica los asesinatos de los líderes sociales", dijo el jefe de Estado durante una visita a Tumaco, donde inauguró un Centro Regional de Atención a Víctimas.

Agregó que en la sesión del próximo martes de la Comisión de Garantías se conocerán los resultados de investigaciones sobre el asesinato de líderes sociales por parte de la Fiscalía.

Por su parte, el presidente electo, Iván Duque, condenó desde Washington, donde esta de visita, la violencia contra líderes sociales y políticos, y prometió que una vez asuma el poder el próximo 7 de agosto trabajará en una "agenda de legalidad" con "sanciones ejemplares".

"Aprovecho esta oportunidad para, desde la ciudad de Washington, rechazar categóricamente los hechos de violencia que se han presentado en los últimos días en Colombia con líderes sociales y también la violencia que se ha visto con personas que ejercen la dirigencia política", dijo Duque luego de reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Duque afirmó que como presidente trabajará "intensamente por la protección de todos los líderes sociales, por la protección de todos los líderes políticos y porque se pueda avanzar con rapidez en la investigación y que los responsables de esos delitos sean llevados a la Justicia y tengan además una sanción ejemplar".

Entre tanto, la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, pidió proteger "a líderes de restitución de tierras, a los que participan en política y a (dirigentes) comunales que protestan contra economías ilegales".

A pesar de las declaraciones del Gobierno, el coordinador del movimiento Somos Defensores, Carlos Guevara, dijo hoy a Efe que la situación de violencia contra los líderes sociales llegó al nivel de "crisis humanitaria".

"El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria", aseguró Guevara.

Explicó además que la situación llegó a este punto porque "hay actores en distintos territorios que están intentado acabar con la vida de todos y cada uno de ellos" sin que haya una respuesta estatal para disminuir el número de homicidios.

Guevara opinó que la situación amerita no un plan de contingencia sino "un plan de emergencia, al menos mientras se va el Gobierno Santos", y reclamó mayor efectividad de la fuerza pública.

"Parece que existiera un plan tortuga por parte de la fuerza pública en ciertas zonas y que está permitiendo que muchos de esos actores armados se reubiquen, se reorganicen e incluso se fortalezcan", concluyó. (I)