Durante 7 horas divididas en 2 sesiones, el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revisó por primera vez las acciones del Estado mexicano en cuanto a ese delito de lesa humanidad.

La evaluación, que es en realidad un trámite ineludible para los 44 Estados firmantes de la Convención, se transformó en una especie de examen del cual México no salió bien parado. Los diez expertos independientes que componen el CED cuestionaron a la delegación mexicana por los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa, pero también por las desapariciones forzadas que se han registrado en décadas anteriores en el marco de la llamada “guerra sucia”, en años recientes en la “guerra contra el narcotráfico”, en la norteña Ciudad Juárez y en rutas de tránsito de inmigrantes centro y sudamericanos.

En Ginebra, Suiza, estuvieron presentes Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero. También María Olaya Dozal, madre de una joven desaparecida en 2009 y Guadalupe Fernández Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUNDEC) y madre de José Robledo Fernández, desaparecido en 2009.

“El hecho de que haya ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio”, dijo a la prensa Guadalupe Fernández mientras los familiares de normalistas se mostraron escépticos en el recinto y luego “plantaron” al gobierno mexicano. Legideño y Abraján decidieron no asistir al encuentro programado en Suiza y optaron por manifestarse afuera del recinto de la ONU porque estando en el país “hemos querido reunirnos muchas veces con representantes del gobierno, pero muchas veces nos han cancelado la cita sin darnos ninguna explicación”, detalló la madre del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño y enumeró varios ejemplos.

“Estamos hartos de sus mentiras. Ante el Comité de la ONU han mentido descaradamente diciendo que cada semana teníamos reuniones con ellos. No ha sido así. No nos han atendido cuando lo hemos necesitado”, completó.

La víspera, al iniciar la revisión, inocultable resultó el mal trago para el gobierno mexicano: sus palabras y silencios ocuparon la agenda en medios nacionales e internacionales, así como en redes sociales.

Las fotografías de familiares de Ayotzinapa en Ginebra ocuparon las portadas de varios periódicos. “México, incapaz de decir a la ONU cifra de desaparecidos; la CNDH reconoce crisis”, tituló el portal Sinembargo.mx y anticipó que el país está “reprobado de antemano” debido a la poco atinada participación de la delegación gubernamental integrada por 27 personas, entre ellos altos funcionarios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Derechos Humanos así como militares de las secretaría de Defensa y Marina.

El lunes, los relatores de Naciones Unidas, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron varias veces a México sobre el número total de personas desaparecidas, pero delegación gubernamental nunca dio una respuesta precisa.

Solo Eliana García Laguna, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, indicó que se trabaja en la localización de 11.309 personas, sin precisar el tipo de casos ni las gestiones concretas. No se conformaron los expertos y siguieron cuestionando sobre registros oficiales de desaparición forzada, aunque tampoco lograron avances. La evasiva, cuestionó Sin Embargo, muestra que el gobierno “no tiene idea del problema y, lo que es peor, no le ha otorgado la importancia necesaria”.

El titular de la delegación oficial mexicana, el secretario de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que el caso Ayotzinapa sigue abierto y ante la presión de los funcionarios de Naciones Unidas se refirió a los 43 jóvenes como víctimas de “desaparición forzada”, una novedad ya que aquí el gobierno ha insistido en nombrarlos “personas no localizadas”, “perdidos”, “ausentes”. También prometió acatar las recomendaciones de la ONU y emitir antes de junio una ley general sobre desaparición forzada.

A su tiempo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, afirmó que en el país los derechos humanos “enfrentan actualmente una de sus etapas más críticas y desafiantes”. Admitió también la “falta de congruencia” entre leyes y realidad.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ofreció ayer una conferencia de prensa transmitida en cadena nacional pero no mencionó el tema. Solo anunció que una investigación en torno de otro escándalo que ha golpeado a su gobierno, la presunta corrupción en contratos y compra de sus residencias.

Ordenó, dijo, investigar “si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa (la actriz Angélica Rivera), con el titular de Hacienda (Luis Videgaray) y con un servidor”.