En lo que representa una grave crisis institucional, el Parlamento de Honduras destituyó y reemplazó a cuatro magistrados de los cinco que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras una prolongada sesión que se inició el martes y que concluyó recién ayer.

El Parlamento resolvió destituir a Santos, García, Lizardo y Lozano por haber declarado inconstitucionales unas pruebas de confianza (exámenes antidrogas, polígrafo e investigaciones patrimoniales) que por disposición del  Ejecutivo de Porfirio Lobo se aplicaban en la Policía de este país, como parte de un proceso de depuración de la institución, que está infiltrada por el crimen.

En opinión de algunos diputados, lo que ha hecho el Parlamento es un “golpe técnico” a otro poder del Estado, parecido al que el Legislativo dio el 28 de junio de 2009, en alusión al golpe de Estado contra el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, lo que los legisladores llamaron una “sucesión presidencial”.

El legislador opositor Wenceslao Lara advirtió que la decisión del Congreso de destituir a los magistrados es  una clara “violación de la Constitución” lo que conllevaba responsabilidad penal.

Varios magistrados coincidieron con los diputados al señalar que el Legislativo no tiene facultades para tomar una decisión de tal naturaleza y que de nuevo se ha sentado un “mal precedente” en la comunicad internacional sobre la injerencia de un poder sobre otro en Honduras.