El gobierno puertorriqueño rema hoy en un mar incierto ante la falta de liquidez, pese a que el ministro de la Gobernación, Víctor Suárez, reveló que se han identificado 132 proyectos para impulsar la economía.

Suárez aseguró que el grupo de trabajo de ajuste fiscal y económico del gobierno, que ha sostenido 60 sesiones, ha identificado 132 proyectos en 14 estrategias para impulsar el crecimiento monetario del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico.

"Las próximas dos semanas serán cruciales para tener un borrador de ajuste fiscal y económico", dijo Suárez.

Aclaró que la totalidad de la deuda pública de Puerto Rico, ascendente a $ 72.000 millones, está sujeta al plan de ajuste que se impulsa como primer paso hacia una renegociación con los bonistas de Wall Street.

"Nuestra intención es hacer los pagos, pero el país tiene que renegociar las deudas para cumplir con sus obligaciones", anotó.

El alto cargo público explicó que se analizan diversos escenarios para sacar al ELA de la crisis que lo llevó hace una semana al primer impago de su deuda pública en 63 años, tras su creación en 1952, aunque reconoció que continúa la falta de flujo en efectivo.

Puerto Rico incumplió hace una semana el pago de 57,9 millones a los bonistas de la Corporación de Financiamiento Público (CFP), deuda a la que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) únicamente abonó 628.000 dólares en intereses.

El gobierno de Estados Unidos, que mantiene a Puerto Rico bajo su dominio colonial desde 1898, se negó a lanzar un rescate en medio de un anticipado naufragio económico.

Suárez aseguró que entre los proyectos que analiza el grupo de trabajo están la transformación del Ministerio de Hacienda, mejorar la eficiencia en Educación y reformar el sistema de salud pública, que realmente está bajo control privado al que el gobierno abona millones de dólares.

Además, se incluye una reforma laboral que persigue el sector patronal para flexibilizar las leyes, lo que ya ha encontrado objeción en los sectores sindicales porque irá en detrimento de conquistas sociales.

El ministro de la Gobernación explicó que en el análisis han intervenido 50 funcionarios de 25 ministerios y agencias públicas, además de economistas, académicos y abogados en atención a una agenda de trabajo "que continúa arduamente". (I)