Pueblo boliviano aplica toque de queda para frenar delincuencia
Las luces de una camioneta policial tiñen de rojo y azul una polvorienta calle de La Asunta, en las faldas cordilleranas bolivianas. Es de noche y entró en vigor el toque de queda para los más jóvenes del pueblo, donde ya nadie puede beber ni una gota de alcohol.
"Vayan a casa, hay toque de queda", les dicen desde el vehículo a un par de muchachos, ocultos en la penumbra. Este pequeño distrito cocalero montó en rabia con el caso de la violación de una niña de 11 años el 30 de mayo por parte de un hombre de 18, ebrio, que llegó de una comarca vecina y que hoy está detenido.
El hecho conmocionó a este pueblo cocalero ubicado 130 km al noreste de la ciudad de La Paz, con 2.000 habitantes, de calles polvorientas y maltrechas, donde casi todos se conocen.
La población ya estaba harta por el accionar del narcotráfico y del contrabando de automóviles en la zona. Pero la violación de una niña fue demasiado.
"Mi niña ha sido violada, fuimos a dar parte a la policía (...) A mi hija la encontré sangrando", relata a la AFP Edmundo Luna, padre de la menor. "Exigimos justicia, porque la policía nos ha pedido dinero" para seguir investigando, agrega este obrero de la construcción, secundado por vecinos que reclaman la falta de acción policial.
Según los pobladores, el acusado de violación fue paseado por las calles y luego azotado a latigazos por algunos vecinos, como escarmiento.
Y, para evitar hechos similares, prohibieron la circulación de menores de 18 años, desde las 10 de la noche, hasta el amanecer. También está prohibida, las 24 horas, la venta de bebidas alcohólicas, para toda la población.
"Aquí las cosas no eran así. Pero hay mucho consumo de bebidas alcohólicas, robos, atracos. Este hecho mismo de los abusos sexuales. Hemos tenido que tomar esta decisión", dice a la AFP el dirigente vecinal Juan Carlos Coche.
"Se ha dado la determinación en los juntas de vecinos y nosotros nos hemos sumado", agrega el alcalde Reynaldo Calcina en una charla con la AFP.
La medida era sólo para un mes -que culmina el 3 de julio-, pero se prepara una reglamentación para hacerla permanente. Sobre todo, cuando los pobladores supieron que dos menores habían sido violadas en comarcas vecinas. (I)