Miles de mexicanos protestaban este miércoles en varios puntos del país para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero, sur) que, doce días después, siguen siendo buscados por fuerzas federales y ahora también por milicianos.

En Chilpancingo, capital del convulso estado de Guerrero, más de 7.000 manifestantes marcharon hasta la autopista que desemboca en el turístico puerto de Acapulco y bloquearon parcialmente el tráfico.

"La marcha es para exigir al gobierno estatal y federal la presentación con vida de nuestros hijos", recalcó Manuel Martínez, vocero de los padres de estos 43 estudiantes, posibles víctimas de desaparición forzada.

En Ciudad de México organizaciones civiles convocaron a una gran marcha en la tarde, aunque desde el mediodía ya se habían reunido unos 250 manifestantes en el emblemático Paseo de la Reforma.

"Estamos llenos de indignación, de coraje (...) Nos sumamos a este grito para exigir justicia, algo que casi nunca vemos en este país", expresó Misael Velázquez, coordinador del Movimiento Agrario Indígena Zapatista.

Entre otras protestas, estaba previsto que la guerrilla indigenista del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) realice una marcha silenciosa en la región de (Chiapas, sureste).

El gobierno mexicano afronta una creciente presión para esclarecer las desapariciones ocurridas el 26 de septiembre.

Las autoridades son cuestionadas por no haber actuado antes frente a los nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala, cuyos policías colaboraron con narcotraficantes en unas balaceras contra los estudiantes que precedieron a su desaparición.

El presidente Enrique Peña Nieto ordenó el lunes un despliegue con centenares de efectivos para encontrar a todos los responsables del crimen, después de que se hallaran fosas clandestinas con 28 cadáveres entre los que se sospecha que hay estudiantes.

A ese operativo se sumó un contingente de autodefensas de la zona aparentemente desarmado. "Vamos a encontrar a los jóvenes, vivos o muertos", dijo un comandante identificado con el nombre de Moisés.

Estas autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), que desde 2013 hacen frente al narcotráfico, emprendió su propia búsqueda "porque los policías solo buscan en las orillas de la carretera; nosotros lo haremos a ras del suelo", dijo su líder, Bruno Plácido.

Reclamos desde el exterior

Aunque años de lucha contra el narcotráfico, con decenas de miles de muertos y desaparecidos, han mermado la capacidad de asombro en el país, los mexicanos siguen horrorizados por estos brutales ataques contra estudiantes.

La ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos reclamaron a México que llegue al fondo de este caso.

Los padres de los jóvenes siguen esperando la identificación de los 28 cadáveres hallados en las fosas, en las que colaboran expertos argentinos de su confianza, que podrían demorar varias semanas, a causa de la carbonización de los cuerpos.

Aunque dos sicarios confesaron haber matado a 17 alumnos en el lugar donde se encuentran las fosas, las familias se resisten a creer que sus hijos estén muertos y denuncian que están en manos de policías locales huidos.

Denuncian investigación tardía

Los detalles que se van conociendo del caso incrementaron las sospechas contra el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, prófugos tras las balaceras.

La noche del ataque, policías y sicarios del cártel local Guerreros Unidos dispararon contra autobuses de los que se habían adueñado los estudiantes, que habían estado pidiendo fondos en Iguala, para regresar a su escuela de Magisterio de Ayotzinapa, reconocida por su gran activismo de izquierda.

En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y decenas de jóvenes fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

Un reporte del servicio de inteligencia, citado por el diario El Universal señaló que la mujer del alcalde ordenó al director de Seguridad Pública municipal que reprimiera a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella debía pronunciar ese día.

Dos hermanos de Pineda estaban en 2009 en la lista de los narcotraficantes más buscados como cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva, del cual surgieron los Guerreros Unidos, informó el partido izquierdista PRD, por el que Abarca es alcalde.

Contra el alcalde fue presentada una demanda a mediados de 2013 por asesinar a un compañero de partido.

El fiscal general, Jesús Murillo Karam, se defendió de los señalamientos por no haber actuado antes en Iguala.

Murillo Karam aseguró que, aunque supo de la denuncia contra el alcalde, ésta era competencia de la justicia de Guerrero y allí fue presentada.

Sobre la esposa, "no investigamos en razón de parentesco sino de hechos", recalcó el funcionario, que se niega a comentar pistas sobre los motivos de las desapariciones.