Protestas continúan por 43 estudiantes mexicanos desaparecidos, pese a renuncia de gobernador

Las protestas de ira por la desaparición hace ya casi un mes de 43 estudiantes en Guerrero (sur de México), continuaron este viernes pese a que el gobernador estatal, Ángel Aguirre, dejó su puesto el jueves tras semanas de presiones del movimiento estudiantil y familiares.

Armados con palos, tubos y piedras, un grupo de personas irrumpió el viernes en oficinas de la secretaría de Educación estatal en Chilpancingo (capital de Guerrero), para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre, dijo a la AFP una fuente de la secretaría Seguridad Pública regional.

Sin herir a nadie, los manifestantes rompieron vidrios y sacaron a la entrada de esos despachos documentos y muebles a los que les prendieron fuego que tuvo que ser sofocado por los bomberos.

Entre los manifestantes había estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero), a la que asistían los jóvenes que desaparecieron después de ser baleados por policías municipales y narcotraficantes en la comunidad de Iguala, comentaron a la AFP dos de ellos.

En ese centro educativo, el viernes familiares y compañeros de los jóvenes expresaron su desconfianza en la investigación de la fiscalía federal, que apunta a que los estudiantes fueron víctima de una confusión entre el cartel Guerreros Unidos y otro antagónico.
Demandaron también una audiencia con el presidente Enrique Peña Nieto.

                  
Ira incendiaria

                  
Otras protestas enardecidas se han efectuado en Chilpancingo (a 276 km de la Ciudad de México) desde la desaparición de los jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años.

El 13 de octubre cientos de estudiantes y maestros incendiaron parcialmente el complejo de edificios de gobierno de Guerrero mientras pedían a gritos la dimisión de Aguirre, y advertían que sus fuertes protestas continuarían hasta la localización de los jóvenes.

A la semana siguiente, unas 500 personas prendieron fuego a instalaciones del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el que Aguirre se convirtió en gobernador de Guerrero en abril de 2011.

Luego, el 22 de octubre manifestantes prendieron fuego a la alcaldía de Iguala (de 140.000 habitantes), donde los estudiantes fueron baleados a bordo de autobuses en los que regresaban a Ayotzinapa tras una recoleta, una actividad que durante años han efectuado los estudiantes de la escuela internado en el que los alumnos duermen en el piso.

El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, -ahora revocado y prófugo- dio a los policías municipales la "orden de enfrentar" a los estudiantes por temor a que sabotearan un evento encabezado por su esposa, según la fiscalía.

Este viernes, otros manifestantes bloquearon parcialmente los accesos del Congreso estatal donde se daría trámite a la solicitud de licencia para dejar el cargo de gobernador presentada el jueves por Aguirre.

Este fin de semana el Congreso estatal debería elegir a su sustituto, que gobernará hasta las elecciones de 2015.

                  
Desconfianza en la fiscalía

                  
En la escuela de Ayotzinapa, los compañeros y familiares rechazaron la hipótesis de la fiscalía basada en declaraciones de 52 detenidos, entre ellos funcionarios y policías y narcotraficantes locales.
Esa línea de investigación hecha pública el miércoles, apunta a que el presunto líder de los Guerreros Unidos, Sidonio Casarrubias, ya detenido, habría decidido hacer desaparecer a los jóvenes que le fueron entregados por los policías municipales, en "defensa de su territorio", al creerlos integrantes de otro cartel.

"Rechazamos cualquier vínculo que desde las esferas del poder se quiera hacer de nuestra histórica y emblemática Normal (escuela de maestros) con grupos delictivos", enfatizaron en un comunicado los familiares y compañeros de los 43 estudiantes difundido tras una conferencia de prensa.

Exigieron que se "redireccione las líneas de investigación" y que "el presidente Enrique Peña Nieto escuche directamente la voz de los padres de familia y los estudiantes de Ayotzinapa".

En la búsqueda de los jóvenes participan 2.000 elementos de las fuerzas de seguridad federales y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), una organización indígena de autodefensas, algunos de los cuales son padres de los estudiantes.

Desde las desapariciones se han hallado nueve fosas clandestinas en Iguala y sus alrededores con 30 cadáveres, pero los peritajes de la fiscalía descartaron que 28 de ellos correspondan a los estudiantes.