La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el miércoles 20 de noviembre de 2019 que la protesta pacífica es un derecho humano cuyo ejercicio fortalece la democracia.

Cuando restan pocas horas para el paro nacional convocado contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, instó a quienes participen en las marchas a ejercer sus derechos de manera responsable, de acuerdo con los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad de asociación.

La Oficina detalló que ha seguido con preocupación los persistentes mensajes de procedencia no identificada publicados en redes sociales y en medios de comunicación que estigmatizan la protesta social, y otras que llaman al uso de la violencia en las movilizaciones de múltiples sectores de la sociedad.

En este contexto de creciente tensión, precisó que recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, cinco en Cali y cuatro en Medellín a domicilios y oficinas, algunos de ellos de organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos de comunicación.

Estos allanamientos aparentemente provienen de diferentes investigaciones sobre hechos ocurridos en diferentes momentos, y cuya orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las marchas, apuntó.

La Oficina confía en que estas investigaciones cumplirán con las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el debido proceso y la presunción de inocencia, puntualizó mediante un comunicado.

Asimismo, recordó que la Fundación para la Libertad de Prensa, en cuanto al allanamiento de medios alternativos, señala que estos procedimientos obstruirían el libre ejercicio del periodismo.

La Oficina mencionó también que recibió informes sobre un aumento de la presencia de miembros del ejército en las calles en algunas ciudades de Colombia en los días previos a la manifestación convocada para el jueves 21 de noviembre de 2019.

En tal sentido, recordó que, de acuerdo con las normas y los estándares internacionales, la atención a situaciones de disturbios que podrían derivar de protestas o manifestaciones públicas, así como el mantenimiento del orden público, son responsabilidad de los cuerpos policiales.

Adicionalmente, manifestó su preocupación por la expedición en las últimas horas de varios decretos, circulares e instructivos que contemplan la posibilidad que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda, y el apoyo militar para el control de orden público en el marco de la jornada de protestas.

Por ello, recordó que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento, y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento propio de los entes policiales.

Los límites y condiciones para la intervención de las fuerzas militares, según los estándares internacionales, son: que esta debe ser temporal, restringida, subordinada y fiscalizada por autoridades civiles y regulada mediante protocolos sobre el uso de la fuerza, recalcó. (I)