La Procuraduría General de Colombia informó este martes de la destitución e inhabilitación de cinco miembros del Ejército por la muerte de Dimar Torres en abril de 2019, un antiguo guerrillero de las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Ministerio Público detalló que el comandante Jorge Armando Pérez Amézquita fue el "provocador e instigador" de la muerte de Torres, por lo que además de firmar su expulsión del Ejército, también ha sido inhabilitado durante 20 años para ejercer cualquier cargo público.

De acuerdo con las investigaciones, el 22 de abril de 2019 Torres fue detenido cerca de una base del Ejército situada en el municipio de Convención, en el departamento de norte de Santander, cuando viajaba en su motocicleta y fue disparado por la espalda poco después por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien ha sido destituido y sancionado con 14 años de inhabilitación.

En un comunicado, la Procuraduría añadió que los soldados Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, han sido sancionados con su destitución y con 12 años de inhabilitación al ser considerados cómplices del crimen, tras esconder la motocicleta de Torres y enterrar su cuerpo en una fosa.

"La Procuraduría encontró probado que, sin ninguna justificación, conscientes e intencionalmente, prestaron colaboración al cabo segundo Gómez Robledo para ocultar el cuerpo sin vida y la motocicleta de Dimar Torres en zona boscosa", detalla en el texto el Ministerio Público.

El crimen vino motivado por la muerte días antes del soldado Pablo Emilio Borja García. Según la Procuraduría, el coronel Amézquita "desde un comienzo hizo explícita su intención" de no judicializar el caso, "sino de matar y vengar de esa manera el hecho".

Así, explica el documento, Torres fue acusado falsamente de pertenecer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y señalado como autor de la muerte de García, "cuando en realidad se dedicaba a actividades agrícolas después de su reinserción a la vida civil, conforme a los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC", siendo así catalogado "como persona protegida conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)".

"El comportamiento de los uniformados, los valores y principios constitucionales como la integridad y la rectitud, se vieron afectados", contempla el documento, que añade que las expectativas de la sociedad "se ven traicionadas" cuando estas personas "utilizan su cargo para cometer el homicidio de una persona protegida". (I)