El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vive una etapa crítica por los retrasos en la implementación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de 52 años y por la resistencia de algunos segmentos del Estado para cumplir con lo pactado con la guerrilla.

A los problemas que ya venían acosando a los acuerdos de paz desde el momento de su firma, el pasado 26 de noviembre, se sumó el pasado jueves un fallo de la Corte Constitucional que autoriza al Congreso modificar las iniciativas de ley presentadas por el gobierno para poner en marcha los pactos con las FARC.

Esto significa, en los hechos, que el Congreso, donde la derecha y la ultraderecha han unido fuerzas para obstaculizar aspectos sustanciales de lo negociado durante seis años con esa guerrilla, pueden acabar por transformar los acuerdos de paz.

Además, la Cámara de Representantes y el Senado tienen ahora la posibilidad de prolongar interminablemente los debates legislativos en momentos que 6.884 guerrilleros están en proceso de entrega de armas y en que las FARC preparan su transformación en partido político legal.

El vocero de las FARC en el Congreso, Jairo Estrada, dijo a EL TELÉGRAFO que el fallo de la Corte Constitucional significa que el Estado “no está cumpliendo” con los acuerdos con la guerrilla.

“Esto tiene al proceso de paz en una grave crisis y lo está situando en una condición crítica de efectos imprevisibles”, aseguró.

Estrada, reconocido economista y doctor en historia, señaló que si el presidente Juan Manuel Santos tenía problemas para sacar adelante las leyes de la paz cuando los congresistas solo podían modificar las iniciativas con autorización del gobierno, el fallo de la Corte Constitucional dándoles vía libre crea un panorama “de mucha incertidumbre”.

El representante de las FARC en el Congreso dijo que hay que recordar que el ultraderechista Centro Democrático, del expresidente y senador Álvaro Uribe, y hasta sectores de la coalición de gobierno, como el partido Cambio Radical y una facción del Conservador, han hecho todo lo posible por obstruir las leyes de la paz.
Considera que ahora, con la decisión de la Corte Constitucional, “podemos esperar un escenario de tácticas dilatorias y hasta de saboteo a la implementación de los acuerdos”.

Fallo “equivocado”

El comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, afirmó en una carta al presidente Santos que en la guerrilla existe “preocupación” por el veredicto judicial porque abre las puertas “a la modificación” del acuerdo en el Congreso.

Para las FARC, que esta semana cumplirán 52 años de su fundación y que esperaban convertirse en partido político en agosto, el fallo de la Corte “ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que este haya vivido desde su inicio” porque “se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos”.

‘Timochenko’ reiteró, sin embargo, que la decisión “indeclinable” de las FARC es “seguir cumpliendo lo acordado, tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento, y transitar a la vida política legal”.

En un comunicado, esa guerrilla en proceso de transformación en partido político señaló, sin embargo, que “ante la situación presentada, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos”.

Esto significa que está en duda si la entrega de armas individuales de los excombatientes se dará a finales de este mes, como estaba previsto, y hasta ahora no se sabe si el proceso de recolección, por parte de una misión de las Naciones Unidas, de las 948 caletas donde el grupo insurgente tiene su armamento pesado, continuará como habían planeado las partes.

Por lo pronto, los casi 7.000 guerrilleros que están en los 26 campamentos donde se desarrolla el desarme están en “asamblea permanente” para tomar decisiones frente a “esta situación adversa”.

Aunque la coalición del gobierno de Santos tiene mayoría legislativa y el presidente ha dicho que la hará valer para sacar adelante las leyes derivadas de los acuerdos de paz que faltan por aprobarse, hay una feroz ofensiva contra esos pactos por parte del Centro Democrático y de sectores supuestamente afines al mandatario.

El reconocido abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny considera que el fallo de la Corte “jurídicamente es equivocado” porque a pesar de que los congresistas no pudieran modificar las iniciativas de ley derivadas de los acuerdos de paz, conservaban su facultad de aprobarlas o rechazarlas.

El exjefe del equipo del gobierno que negoció la paz con las FARC, Humberto de la Calle, dijo a diario El Tiempo que la decisión de la Corte “pone en jaque” el acuerdo con esa guerrilla “y el riesgo de marchar hacia atrás en un tema tan delicado es extraordinariamente grave”.

Agregó que “enviar el mensaje de que la Corte va a revisar o a cambiar elementos centrales de lo que se acordó es un engaño frente al compromiso que tiene el Estado colombiano con el acuerdo de paz”.

Este miércoles se cumplirán seis meses de que Santos y ‘Timochenko’ firmaron un histórico acuerdo de paz que debía poner fin a 52 años de conflicto armado. Pero más que certezas de que esto verdaderamente va a ocurrir, lo que prevalece hasta ahora son las incertidumbres. (I)

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En ascuas, la seguridad de las FARC

Además del fallo de la Corte Constitucional que da facultades al Congreso colombiano para modificar aspectos sustanciales del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el tribunal anuló el decreto que permitía incorporar a 1.287 exguerrilleros a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para participar en los esquemas de seguridad de sus propios compañeros y de los comandantes.

El decreto, que fue emitido por el presidente Juan Manuel Santos en febrero pasado, no era una concesión a las FARC, sino el cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo de paz referente a la protección de los integrantes de la guerrilla en el proceso de desarme. La Corte Constitucional consideró en el veredicto, la semana anterior, que el decreto violaba la ley orgánica de la UNP y lo anuló.

De esta forma quedó en ascuas la seguridad de alrededor de 12.000 milicianos y guerrilleros que se reincorporarán a la vida civil, así como de los comandantes que se dedicarán a hacer política sin armas y en la legalidad como parte de lo acordado con el gobierno.

El director de la UNP, Diego Mora, consideró, que no se afectará la seguridad de los integrantes de las FARC porque serán protegidos por escoltas de la planta actual de la institución en lo que se exploran otras salidas que permitan cumplir con el punto de protección de excombatientes del acuerdo de paz. Desde el pasado 16 de abril fueron asesinados Luis Alberto Ortiz Cabezas y José Huber Yatacué Mestizo, exguerrilleros de las FARC, y ocho familiares de excombatientes que se encuentran en el proceso de desarme. La guerrilla atribuye estos hechos, la mayoría, a grupos paramilitares. (I)