Una noticia sobre prisioneros con arresto domiciliario, que violaron sus condiciones de retención, ha conmocionado luego de la exposición de diversos testimonios y vídeos de los implicados, que desde hace meses dejan ver la falta de control de este sistema en el país argentino.

Aunque los Ministerios de Seguridad y Justicia trabajan para un posible programa de monitoreo para presos domiciliarios, analizando desde reformas legales hasta pulseras electrónicas, pero por lo pronto no ha existido un sistema único de control. La única modificación reciente es una ley que se promulgó hace un mes para los acusados a delitos sexuales.

Hoy los organismos de derechos humanos han reclamado mecanismos claros y permanentes.

Casos como el del médico Jorge Luis Magnacco, quien atendía partos clandestinos en la dictadura, es uno de los mencionados, en el que afronta un juicio de Plans sistemático de apropiación de hijos desaparecidos y donde un Tribunal Federal lo condenó a 10 años de prisión domiciliaria, con permiso solo para trasladarse a los tribunales. Hace una semana se conoció por una vídeo grabación que el galeno caminaba por las calles de barrio Norte junto a su mujer.

Debido a que nadie lo vigilaba, fue filmado por H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), organización de derechos humanos de la Argentina, y su presidenta, María Roqueta, por fuerza pública lo envió a la cárcel de Marcos Paz.

Así tambien declaró en su cuenta de facebook, Catalina de Sanctis Ovando, quien es conocida como hija de desaparecidos y que pudo hace solo 4 años atrás recuperar su identidad. Que su represor, Carlos Hidalgo Garzón, quien se hizo pasar por su padre y que además declaró que no estaba en condiciones de afrontar un juicio por cuestiones de salud, fue visto por ella frente a su casa paseando. Este imputado presenta más de 200 delitos, entre esos el de Catalina a quien la secuestró cuando era una recién nacida y la puso en cautiverio en Campo de Mayo. El juez platense Manuel Blanco emitió el arresto hacia un geriátrico, por considerarlo un paciente psiquiátrico y mayor.

Un informe de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General indica que de las 813 personas que están detenidas por crímenes de la última dictadura 37,8 por ciento tienen detención domiciliaria, esto quiere decir un aproximado de 300 personas.

La interpretación sobre cómo implementar estas detenciones según las ley de ejecución penal varían entre quiénes deben controlarlas, si los tribunales, el Ministerio de Seguridad, el Patronato de Liberados, o en su defecto se plantean la forma de controlar al preso por 24 horas.

La ley contempla que los jueces pueden dar arresto domiciliario a enfermos terminales, mayores de setenta años, mujeres embarazadas, o personas con discapacidad.

Fuente: Página 12