Un tribunal argentino condenó a 12 años de prisión al dueño de una empresa de transporte, Marcos Levín, el primer empresario enjuiciado por su complicidad con la dictadura (1976/83), según un fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Levín, dueño de La Veloz del Norte, una firma de transporte de pasajeros de la provincia norteña de Salta, fue condenado por el secuestro y torturas infligidas al sindicalista Víctor Cobos, en enero de 1977.

Junto al empresario fueron condenados a 12 años de prisión los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, mientras que el policía Víctor Cardozo recibió una pena de ocho años de cárcel.

Los querellantes, el propio Cobos y la Asociación Encuentro Memoria Verdad y Justicia de Salta habían solicitado 20 años de cárcel para los tres primeros y 18 para el cuarto, por su condición de subalterno en el momento de los hechos.

Según las querellas, Levín, que era presidente de la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y propietario de la firma más importante del sector en Salta, "se valió de la estructura represiva para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como ampliar rutas comerciales", indicaron.

Los hechos se remontan a principio de la década de 1970, cuando se organizó el sindicato del sector Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Salta, 1.600 km al norte de Buenos Aires, y en otras provincias del norte argentino y comenzaron a reclamar mejores condiciones laborales.

Antes del golpe de estado de 1976, la Festap pidió a la policía provincial que aplicara a los gremialistas la llamada ley antisubversiva, que habilitaba a las fuerzas armadas y de seguridad a reprimir la violencia política.

En enero de 1977 el dueño de La Veloz denunció en una comisaría de Salta un supuesto fraude a su empresa y entregó una lista de una veintena de trabajadores supuestamente involucrados en la maniobra.

Al menos 16 empleados fueron detenidos y obligados a confesar bajo tortura, según las denuncias.

Sin embargo, solo el caso de Cobos llegó a juicio debido a que por ser sindicalista se lo admitió como una persecución política, las denuncias restantes esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia para saber si llegarán a juicio oral.

Empresarios de la prensa, del sector automotor y el dueño del ingenio azucarero Ledesma en Tucumán (norte) han sido denunciados por víctimas y organismos de derechos humanos por su presunta complicidad con la dictadura pero hasta ahora no han llegado a la instancia de un juicio oral. (I)