Con el uso de la fuerza pública el 5 de abril de 1992, el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, anunció la disolución temporal del Congreso.

Además del cierre del Parlamento se intervino el Poder Judicial y hubo una persecución contra los miembros de la oposición, lo que dio paso a una “dictadura”.

La Constitución de 1993 establece que el “presidente de la República está habilitado para disolver el Congreso solamente cuando este haya hecho perder el cargo a dos Consejos de Ministros”. Acogido a esta legislación el actual mandatario Martín Vizcarra, el 30 de septiembre, también disolvió el Congreso, pero a diferencia de 1992, los peruanos salieron a las calles a respaldarlo.

Yván Montoya, catedrático y exprocurador anticorrupción peruano señaló al diario local Perú21 que hay importantes disimilitudes entre el autogolpe de Fujimori y lo que hizo el presidente Vizcarra.

“El mandatario ha reaccionado progresivamente después de muchos abusos de la mayoría parlamentaria: interpelaciones, censuras y hasta la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski”, indicó Montoya.

Vizcarra ofreció canales institucionales de salida como el acortamiento del periodo y la revisión del proceso para elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. Mientras Fujimori tomó esa decisión porque el Congreso se negaba concederle amplios poderes para legislar sin ningún tipo de fiscalización, señaló el exprocurador.

“En esta ocasión no hay uso de la fuerza pública. En algún momento los congresistas tendrán que salir por su propia voluntad. No hay punto de comparación con lo que hizo Fujimori”, añadió Montoya.

Las indagaciones en caso Odebrecht
El escándalo político se produce cuando la fiscalía peruana se dispone a interrogar nuevamente al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para que devele el nombre de los congresistas cuyas campañas también fueron financiadas por la constructora brasileña, razón por la cual tiembla casi toda la derecha en el Congreso, que estaría implicada en este caso.

Keiko Fujimori, hija del expresidente, de hecho está presa desde finales de octubre del 2018 por obstruir las investigaciones que le siguen por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales para la Presidencia de Perú por parte de Odebrecht.

Ante la medida de Vizcarra, el Parlamento, que ya había negado su voto de confianza al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó luego de su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht, se apresuró ayer a suspender al presidente por “incapacidad moral”, y promover a la vicepresidenta, Mercedes Araoz.

Los cambios de nombres en el tribunal, a los que Vizcarra se opone, podría revertir todas las investigaciones en curso y darles la libertad a los Fujimori, que controlan la asamblea con el partido Fuerza Popular de Keiko, y el Partido Aprista del expresidente Alan García, quien se suicidó el 17 de abril pasado cuando la fiscalía fue a detenerlo a su casa por haber recibido también sobornos de Odebrecht.

Si se llega a anular ese acuerdo, prácticamente se condenaría al fracaso todas las investigaciones del caso Odebrecht en Perú por sobornos y lavado de dinero que involucran a los expresidentes Alejandro Toledo (actualmente preso en Estados Unidos mientras la Justicia de ese país decide si lo extradita a Perú), Ollanta Humala (para quien la Fiscalía pidió 20 años de cárcel por presunto lavado de activos en la financiación irregular de sus campañas electorales) y también Pedro Pablo Kuczynski (desde hace cinco meses cumple arresto domiciliario en una propiedad campestre, cerca de Lima. (I)