La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), la máxima instancia judicial del país, detuvo temporalmente este domingo la orden del presidente Jimmy Morales de expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad.

"Esta Corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión del presidente de la República", dijo a periodistas Francisco de Mata, presidente de la CC, tras acoger una petición de amparo que busca dejar sin efecto la expulsión de Velásquez.

En un breve video difundido en las redes sociales de gobierno, el presidente Morales declaró persona non grata a Velásquez y ordenó que abandone inmediatamente el país.

Para fundamentar la expulsión del funcionario de la ONU, el gobernante citó artículos de la Constitución guatemalteca y de la Convención de Viena sobre la prohibición a los diplomáticos para no inmiscuirse en asuntos internos del Estado.

Sin embargo, Morales no detalló las causas específicas para la expulsión y se esperaba una conferencia de prensa para ahondar en el tema, anunció la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Velásquez es titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a Naciones Unidas que reforzó su presencia en abril de 2015 al destapar junto con la fiscalía un escándalo de corrupción en las aduanas que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez, señalado como cabecilla de una red que cobraba sobornos para la evasión de impuestos.

El presidente @jimmymoralesgt al pueblo de Guatemala informa: pic.twitter.com/1GkUtxy3li

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 27, 2017

De Mata explicó que el amparo que detiene momentáneamente la orden del presidente fue presentado a titulo personal por el ciudadano Álvaro Montenegro junto con el abogado Elvyn Díaz, quienes el sábado interpusieron el recurso ante la amenaza de la expulsión del comisionado.

La resolución de la CC señala que la cancillería guatemalteca debe "abstenerse" de cumplir con la orden del presidente del expulsar al exmagistrado colombiano.

Semana agitada

El viernes, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana iniciaron el trámite para retirar la inmunidad al presidente Morales, sospechoso de transacciones ilegales en el partido FCN-Nación (derecha), que lo llevó al poder en 2015.

Según las investigaciones, Morales, cuando fungió como secretario general de la agrupación, recibió aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral varios fondos de campaña. Se estimaron anomalías financieras por casi un millón de dólares y se esperan pesquisas más profundas si la justicia y el Congreso levantan los fueros.

Con la orden de expulsión a Velásquez, el gobernante guatemalteco también destituyó al canciller Carlos Raúl Morales, quien el viernes negó que haya pedido la remoción de Velásquez durante una sorpresiva cita en Nueva York entre Morales y el Secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

Morales nombró a Sandra Jovel como nueva ministra de Relaciones Exteriores, quien en mayo de 2016 fue separada como vicecanciller al ser involucrada en la adopción ilegal de un niño.

El miércoles, medios locales y la fiscal Aldana alertaron que la cita en la ONU serviría para pedir la remoción del titular de la Cicig, levantando una ola de rechazo de diferentes sectores por el presunto plan de gobierno de expulsarlo, que ahora se concreta.

"¡Iván se queda, Jimmy se va!", era la consigna de unos 2.000 manifestantes que el sábado frente al Palacio Nacional y Casa Presidencial mostraron su respaldo a Velásquez y exigieron la renuncia del mandatario.

Aldana amenazó con renunciar al cargo si se concretaba la expulsión del jefe de la Cicig, pero tras la decisión del presidente la funcionaria judicial no se ha pronunciado.

Vientos de crisis 

Morales, un excomediante de televisión, ganó la presidencia en 2015 en medio de una crisis política desatada por los actos de corrupción durante la gestión de Pérez.

Derechista y de religión protestante, el mandatario de 48 años que asumió en enero de 2016 para un periodo de cuatro años, ha ido perdiendo popularidad al no responder a las demandas ciudadanas de impulsar políticas estrictas de transparencia.

Según el activista de derechos humanos Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una crisis en este país centroamericano.

"Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata, y a estas alturas estamos empezando a evidenciar nuevamente una jornada" de protestas sociales como las vividas en 2015, dijo Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua). (I)