Evelyn Hernández es una joven proveniente de una familia de escasos recursos de El Salvador. A mediados de abril de 2016, cuando tenía 18 años y cursaba tercero de bachillerato, tuvo una hemorragia en el baño de su casa y se desmayó.

Al darse cuenta de lo que había ocurrido, su mamá la llevó a un hospital, donde el personal médico constató que Evelyn sufrió un aborto involuntario.

Ella no sabía que estaba embarazada, pero dio a luz sin vida a un feto que fue producto de una violación semanas atrás.

La propia enfermera que atendió este caso fue quien la denunció ante las autoridades abriendo un capítulo gris.

A partir del año 1998 las autoridades salvadoreñas reformaron el Código Penal y eliminaron las tres causales en las que anteriormente se permitía la interrupción voluntaria del embarazo: cuando fuera producto de violación, en caso de peligro para la madre o si la vida del feto no era factible.

Es decir, desde entonces, el aborto es ilegal en todas las circunstancias y sin ninguna excepción. Las penas pueden llegar hasta a 50 años de cárcel. Además, eliminaron las estadísticas sobre este tema. Es decir, actualmente no hay cifras oficiales de abortos.

Hernández fue llevada a juicio y acusada por el delito de homicidio agravado. Un juez de El Salvador determinó que era culpable y dictó una pena de 30 años de cárcel. Luego, la aún adolescente fue trasladada al Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, o la Cárcel de Mujeres, en el sureste de San Salvador.

“Fue muy duro estar ahí, también porque nunca había entrado a una cárcel. Y la situación que tuve que pasar allí”, recuerda la joven, quien recibió la noticia de que el juez de Sentencia de Cojutepeque absolvió su pena.
Fueron 33 meses (casi tres años) de su vida en la cárcel, pero desde febrero logró el beneficio de libertad condicional.
“Me sentí contenta y fue como volver a rehacer nuevamente mi vida”, detalla.

Antes de ingresar en la prisión estudiaba un bachillerato técnico. Ahora, aunque no tiene claridad, afirma que su sueño es “seguir preparándose para después tener un trabajo” que le permita salir adelante.

Se sumará a la lucha

Hernández regresó con su familia, que siempre la apoyó durante el proceso y la animó a seguir adelante. Hoy, con 21 años, dice que quiere apoyar a los colectivos y las “voces feministas” para ayudar a sus compañeras que “están adentro”.

En la cárcel quedan 16 mujeres que fueron condenadas y encarceladas por la misma situación.

“Las conocí a todas. Me contaban la situación que pasaron y nos apoyábamos. Dios hará justicia y ellas saldrán en libertad”.

Por lo vivido, pide al sistema judicial salvadoreño que revise bien los casos de cada una y sus expedientes “para que sepan la verdad: que son inocentes”.

Evelyn agradece a todas las personas que estuvieron a su lado, incluso las que un día la señalaron, pues la estigmatización es otra de las dificultades a las que estas mujeres también se enfrentan.

Hernández recuperó su libertad por el equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador; una organización no gubernamental que trabaja para cambiar la legislación que existe sobre la interrupción del embarazo en el país y para defender legalmente a las mujeres que son condenadas o acusadas por abortos o delitos similares.

Esta ONG también aboga para que las mujeres reciban asistencia adecuada y aseguren su salud sexual y reproductiva, para que no recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

Su trabajo ha logrado que 41 mujeres sean absueltas de penas por este tipo de situaciones. Pero la dura batalla judicial continuará pues, hasta el momento, las únicas dos iniciativas que buscan despenalizar en ciertas causales el aborto están paralizadas en la Asamblea Legislativa. (I)