Las cuentas del primer año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú empiezan a cerrarse. Tras ellas, los saldos con los que el régimen encarará el segundo de los cinco años para los que fue elegido. Uno de los sectores con metas más ambiciosas y resultados todavía difusos es el sector laboral.

Es cierto que duplicar el índice de informalidad laboral, actualmente ubicado en 26%, al final de su mandato, fue una de las más sonadas promesas de Kuczynski. Pero es cierto también que, en un país como este en el que las razones para este excesivo nivel de informalidad no están ubicadas solamente en un factor, sino que incluyen una serie de marcadores sociales, económicos y políticos a tener en cuenta para su erradicación.

El ministro de Trabajo, Alfredo Grados, sostiene que tras esa meta los esfuerzos del régimen lograrán, este año, un aumento del 30% de formalidad en el sector. De ahí en más, si la meta de duplicar los beneficios formales del trabajo se toma en serio, se deberá sumar, anualmente, al menos 4 puntos porcentuales a la reducción de la informalidad.

Los mecanismos que el régimen ha establecido como puntos de partida en el campo laboral aún guardan distancia con los resultados que se esperan.

El Nuevo Régimen Mype Tributario, emitido a inicios de año por el Ejecutivo, busca legalizar a las empresas que no superen las 1700 Unidades de Imposición Tributarias. Se registra, sin embargo, que el 60% de empresas inscritas en esta iniciativa pertenecían ya al régimen legal regular, por lo que se asume que la atracción no es amplia para los medianos y pequeños empresarios.

Y no lo es porque el acceso a la formalidad en el Perú inicia por costar más de aquello que puede producir, y por encontrar en los requisitos legales un aparataje embrollado a la hora de buscar legalizarse. Gran parte de las empresas que funcionan de modo informal tienen una economía de subsistencia y poca o nula relación con otras empresas formales, lo que hace que la dimensión del problema termine por envolverse alrededor de un círculo vicioso.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a estos dos planos debería sumarse la alta desigualdad social y la baja productividad laboral asociadas a deficiencias tecnológicas y de educación superior. Solo entre los jóvenes del país se registra un 80% de informalidad, así como un 62% de subempleo, es decir, trabajo en un área distinta de aquella para la que estudiaron.

La realidad hace agua en todos los sectores complementarios a esta situación: apenas esta semana se determinó, gracias a un estudio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior que, al menos, unos 34 programas de maestría y doctorado, y algunos programas de pregrado, son ilegales en el país, y se ofrecen en universidades que ponen énfasis en la preparación juvenil como medio de acceso a un puesto de trabajo formal.

La diferencia entre lo legal e ilegal, se vive día a día en el país. Un trabajador formalizado percibe, en promedio, 3,50 dólares diarios por su trabajo, un no formalizado, a cambio, apenas 1,50 dólares. Unos 200 dólares mensuales, en promedio, le corresponden a un trabajador que, a duras penas, ha terminado la secundaria.

La falta de educación tributaria y el escaso crecimiento de sectores que permitan la formalización laboral son, además, dos elementos a tomar en cuenta frente a la meta del régimen “ppkausa”, como es conocido entre críticos y simpatizantes.

De superar estos renglones dependerá que la informalidad, ubicada en algunas regiones del país hasta en un 90%, disminuya e incluya dentro de la legalidad a millones de trabajadores, ahora mismo, expuestos a los abusos de la ley y el patronazgo en el Perú. (I)