La decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de declarar ilegales e inconstitucionales algunas medidas de ajuste aprobadas para cumplir las exigencias del rescate internacional pone en    apuro al gobierno de Pedro Passos Coelho, que deberá buscar nuevas alternativas de ahorro.

El 16 de mayo de 2011, Portugal, a cambio de un duro plan de recortes, recibió una ayuda financiera de 78.000 millones de euros (52.000 millones aportados por la UE y los otros 26.000 por el Fondo Monetario Internacional, FMI) en tramos hasta 2014.

El rescate también incluía una partida de 12.000 millones de euros destinados para hacer frente a “eventuales necesidades de capitalización” de la banca, que al final recibió la  ayuda en diciembre.

A cambio del rescate, se exigía a Portugal un duro programa de ajuste fiscal, reformas estructurales y mantenimiento de la solvencia financiera. Así, el Ejecutivo portugués aprobó la privatización de empresas y servicios públicos, la congelación de salarios y pensiones, y la subida de impuestos para reducir el déficit al 3% antes de 2014.

No obstante, el pasado 15 de marzo, la UE y el FMI concedieron a Portugal más tiempo para aplicar sus ajustes, por el deterioro de las condiciones externas, y le dieron otro año, hasta 2015, para conseguir situar por debajo del 3% su déficit público, después del 6,4% con el que cerró el ejercicio de 2012.

Dentro de las medidas de ajuste, el Gobierno portugués  aprobó una ley para capitalizar los bancos, aumentó las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social.

El 4 de junio de 2012, los técnicos de la troika (Banco Central Europeo, FMI y Comisión Europea) aprobaron las cuentas del país y ordenaron el desembolso de 4.100 millones de euros, es decir, del quinto tramo del rescate acordado en mayo de 2011 para salvar a Portugal de la bancarrota.

Meses más tarde, el 7 de septiembre, el Gobierno portugués presentó una subida  en la contribución de los trabajadores a la Seguridad Social, pero la presión social  lo obligaron a dar marcha atrás. En su lugar, los presupuestos para 2013 -aprobados por el Parlamento el 27 de noviembre- incluyeron el  aumento de la presión fiscal a través de los impuestos sobre la renta.

Algunas de estas medidas han sido declaradas inconstitucionales y discriminatorias en una sentencia del Tribunal Constitucional. Concretamente, la entidad declaró ilegal la retirada de la paga extra de verano a los funcionarios y a los pensionistas y las rebajas en el subsidio de desempleo y de enfermedad consignadas en el presupuesto general de 2013 del país, aprobado en el Parlamento el pasado año. Las razones en las que se apoya el tribunal son que esa retirada violaba el principio de igualdad a la hora de afrontar sacrificios.

Este fallo del alto tribunal luso es el segundo que descalifica las medidas de ahorro del Ejecutivo conservador, ya que el pasado julio los magistrados consideraron discriminatoria la suspensión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas y no al sector privado.