A un mes de asumir la presidencia, que se cumple este domingo, el empresario Mauricio Macri lleva a cabo un proceso de ‘depuración’ de la plantilla del Estado que tiene su réplica en municipios gobernados por su partido y que ha dejado sin empleo a miles de personas y amenaza con enviar a la calle a unos 60.000 trabajadores. El clima social tiende a agravarse día a día en Argentina y ayer hubo una fuerte represión a empleados despedidos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a 60 kilómetros de la capital.

En una postal de violencia que no se veía con tanta crudeza desde 2002 tras la grave crisis que un año antes dejó al país austral de rodillas, efectivos de Infantería desalojaron una protesta de trabajadores despedidos con balas de goma y gases lacrimógenos frente a la municipalidad platense. Al menos 12 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que recibió 15 balazos de goma.

Desde la asunción del intendente platense Julio Garro, de la derechista Propuesta Republicana (PRO), el 10 de diciembre pasado, unos 4.500 trabajadores municipales fueron despedidos solo en esa ciudad, según denuncian gremialistas.

“Lo único que queremos es trabajar. El trabajador del Estado trabaja para la sociedad”, reclamó Marcela, una de las afectadas, en declaraciones a periodistas en las puertas de la sede municipal. Cerca suyo, Norma Muñoz, otra trabajadora despedida, contó: “Nos sacaron a todos desde el 10 de diciembre y nos echaron diciendo que se nos había rescindido el contrato”. Después estalló la violencia.

Garro intentó justificar la represión: “Vinieron aquí para dañar la gestión. Vinieron con palos y con piedras. No son trabajadores, no se los ve preocupados por el empleo. Tomamos una decisión política: decidimos no renovar los contratos de puestos políticos y empleados de papel. La ley nos ampara”.

Macri asumió el gobierno con la promesa de depurar las plantillas estatales de ‘ñoquis’, un término que alude en Argentina a quienes cobran un salario del Estado sin trabajar. El ‘ñoqui’ es una pasta italiana (’gnocci’) popular en el país austral que se come tradicionalmente los 29 de cada mes, el día de cobro cuando se suele ver a estos empleados por única vez, según la ironía de los argentinos.

De acuerdo a los números que maneja el Gobierno, entre 2012 y 2015 se incorporaron 60.000 personas a la administración pública. De ellos 25.000 fueron contratados solo el año pasado, en la última etapa de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El ‘macrismo’ sostiene que la gran mayoría de estos trabajadores son militantes kirchneristas que reciben un sueldo sin trabajar. Pero los sindicalistas no piensan lo mismo. En síntesis, 60.000 trabajadores estatales corren riesgo hoy de perder su trabajo.

“Hemos planteado que no pueden meter a todos los trabajadores en la misma bolsa. Se quiere crear (la idea) que todos somos ‘ñoquis’”, reclamó Cesar Baliña, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), filial Buenos Aires.

Las protestas gremiales se están haciendo sentir y ahora los sindicatos amenazan con recurrir a la justicia. El titular del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, denunció que el plan de despidos del Gobierno es “una barbaridad”, prometió que irá a la justicia y anunció movilizaciones. A su juicio, solo una minoría de los trabajadores despedidos no trabajaba.

“Hay mucha preocupación entre los trabajadores públicos por su futuro laboral y se está comenzando a ver caducidad de contratos. Es realmente una barbaridad porque no se ha evaluado nada. Decir que todos los empleados públicos son vagos o ‘ñoquis’ es una falta de respeto hacia el trabajador”.

Los despidos se están materializando en todas las esferas del Estado nacional y en municipios gobernados por la derecha. El flamante alcalde de la ciudad bonaerense de Quilmes, el reconocido chef televisivo Martiniano Molina, también del PRO, despidió a un millar de trabajadores según denuncian sindicalistas. Pero al mismo tiempo, reportó el canal de noticias C5N, se aumentó un 30 por ciento su sueldo.

Esta situación se replica en otros municipios bonaerenses gobernados por el ‘macrismo’. Según el diario Tiempo Argentino, en el municipio de Malvinas Argentinas hubo 900 despidos y en Lanús otros 300. “Despiden gente con hasta 12 años de antigüedad”, denunció Rubén García, miembro de la Federación de Sindicatos de Municipales bonaerenses.

En el Senado de la Nación, su titular, la vicepresidenta Gabriela Michetti, firmó el despido de 2.035 trabajadores de la cámara alta. A su juicio, eran todos ‘ñoquis’. Pero enseguida le advirtieron que había echado a 100 empleados del activo Programa de Formación e Inserción Laboral para Discapacitados, creado por el Congreso. Todos los empleados de esta dependencia son discapacitados como ella, que se maneja en sillas de ruedas tras un accidente automovilístico sufrido en 1994.

Pero Michetti no dará marcha atrás con el resto de los trabajadores. “Los ministros van a tomar medidas del mismo estilo para erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por militancia del kirchnerismo”, indicó. En la Cancillería y en el Ministerio de Justicia comenzaron a revisar 1.000 contratos. “Hay que evitar una caza de brujas, hay que ver quién está trabajando, lo que hace y si tiene la capacidad para ocupar el cargo”, dijo la canciller Susana Malcorra.

Los despidos masivos también llegaron al emblemático Centro Cultural Kirchner, a tres cuadras de la Casa Rosada, sede de Gobierno, el más grande de Sudamérica e inaugurado el año pasado. Allí echaron a 500 personas. Su delegado gremial, Nicolás Esperante, denunció el uso de un artilugio técnico para formalizar los despidos con la no renovación del 85% de los contratos de los trabajadores. La mayoría de los despidos corresponde a personal que se ocupaba de contenidos culturales.

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, negó que esta ola de despidos forme parte de un ajuste de estilo neoliberal. “No tiene nada que ver con el debate Estado grande-Estado chico. Solo estamos poniendo orden. Ha habido abusos por todas partes. Entraron sin un proceso de selección, en muchos casos ni siquiera entrevistas, muchos los fuimos a buscar y no estaban”, denunció Lombardi.

Los trabajadores del imponente centro cultural, al que el Gobierno anunció al asumir que le cambiaría el nombre, están en asamblea permanente con protestas y movilizaciones.

La paz social que prometía Macri antes de asumir está chocando con una realidad bastante diversa. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, le lanzó el guante: “Nos tocan a uno y nos tocan a todos”. (I)