El plebiscito es el último obstáculo para la paz en Colombia

Todo está listo para que el Gobierno y las FARC pongan fin al conflicto armado más antiguo y cruento de América Latina. Hoy entrará en vigencia un cese del fuego bilateral y definitivo tras 52 años de guerra.

Lo que viene ahora es la firma protocolaria de un acuerdo de paz que abre las puertas de la política legal a la organización campesina que se alzó en armas en 1964.

El camino hacia ese acto simbólico, en el que el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’, oficializarán con sus rúbricas y un apretón de manos la terminación de la guerra, fue a menudo cuesta arriba, pedregoso y largo.

No solo porque debieron pasar tres años y nueve meses de complejas negociaciones en La Habana, sino porque en Colombia se registraba un polarizado debate político entre quienes respaldaban y rechazaban el proceso de paz.

Incluso hoy, cuando la comunidad internacional aplaude la exitosa culminación de las conversaciones, los opositores a los diálogos, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, arremeten contra el acuerdo final.

Echar por la borda casi cuatro años de negociaciones puede efectivizarse el 2 de octubre próximo, cuando los colombianos participarán en un plebiscito en el que votarán por el Sí o por el No al acuerdo de paz con las FARC.

La mayoría de encuestas anticipa un triunfo del Sí. El pasado jueves, un día después del fin de las negociaciones en La Habana, un sondeo de Datexco indicó que el 34% de electores apoya los acuerdos y el 29% los rechaza.

El presidente del centroizquierdista Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, un exguerrillero del ELN que es parte de la coalición política que respalda el Sí, dice que el pueblo colombiano “comprenderá la dimensión histórica de este paso que estamos dando y refrendará estos acuerdos”. Y añadió: “Si esto, por alguna razón absolutamente inexplicable no ocurre, Colombia enfrentará una circunstancia difícil en la que quedarán en duda el desarme de las FARC, su transformación en partido y el fin de la guerra”.

Campaña de odio

Y es que, aunque fuera de Colombia resulte difícil entender por qué un porcentaje de ciudadanos rechazará en las urnas la paz, es innegable que la feroz campaña de Uribe y su partido, el derechista Centro Democrático, ha logrado exacerbar los odios.

Según el exmandatario, los jefes de las FARC responsables de delitos atroces gozarán de “impunidad total” porque no serán sancionados con prisión efectiva, sino con penas alternativas, como restricción de la movilidad y trabajo comunitario.

Esto es algo a lo que se oponen quienes solo ven a esa guerrilla como un grupo que secuestró y asesinó a civiles, cometió atentados violatorios del derecho internacional humanitario y financió la guerra con los cultivos de hoja de coca.  

Pero la directora de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, Angelika Rettberg, asegura que uno de los grandes logros de los acuerdos es que contienen un modelo de justicia transicional que se adapta a los estándares de la Corte Penal Internacional (CPI). “Esta fórmula es lo mejor que se pudo lograr con un grupo que no está derrotado militarmente ni dispuesto a una rendición ni a ir a la cárcel. Hay muchos colombianos que se resisten a aceptar esto, en especial en las ciudades donde no impacta tanto la guerra”.

De acuerdo con la especialista, lo que obtiene Colombia a cambio de no enviar a una cárcel tradicional a los jefes de las FARC “es ampliamente favorable y positivo: terminar la guerra”.

Incluso, los compromisos asumidos por el Gobierno no perfilan, ni de lejos, transformaciones estructurales o revolucionarias, sino reformas para saldar la histórica deuda social del Estado con el sector rural.

Como parte de los acuerdos, el Gobierno se comprometió a llevar a las zonas rurales más golpeadas por el conflicto -en muchas de las cuales el índice de pobreza supera el 80%- infraestructura vial, eléctrica y de riego, así como escuelas, hospitales, viviendas, asistencia técnico-agrícola y presencia institucional que apoye el desarrollo.

Para la politóloga María Emma Wills, de la Comisión Histórica del Conflicto, creada por las FARC y el Gobierno para estudiar las causas de la guerra, el problema agrario es un nudo histórico que el acuerdo de desarrollo rural desatará.

Ella considera que otro acuerdo fundamental es el de participación política, ya que, por primera vez, el Estado se compromete a dejar de ver a la izquierda como enemiga. “Este es un sectarismo que nos viene desde el siglo XIX y del conflicto liberal-conservador. Y lo que busca el acuerdo de participación política es desterrarlo y propiciar una cultura democrática de resolución de conflictos”. (I)