La abogada colombiana Piedad Córdoba denunció lo que considera un plan de la ultraderecha para enturbiar el camino hacia la paz con asesinatos de líderes sociales, falsas noticias y desinformación.

A través de su cuenta en Twitter, la vocera de Marcha Patriótica (MP) aseguró que pese a cualquier maniobra los esfuerzos para terminar la guerra interna no tienen reversa.

La semana previa MP condenó la oleada de homicidios contra integrantes de ese movimiento, hechos por los que perdieron la vida 102 de sus militantes de 2012 a 2016, así como otras acciones violentas enfiladas hacia representantes de la izquierda.

Este año -añadió- a las puertas de un acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se han intensificado los crímenes de personas que apoyan tales pláticas y la reconciliación nacional, enfatizó esa plataforma en una declaración pública.

Según esa organización, tales homicidios coinciden con la reactivación del paramilitarismo en varias regiones del país, por lo que propuso crear un programa de acompañamiento y protección internacional dirigido a facilitar las condiciones de trabajo de esos grupos, blancos de la violencia.

Para dichos fines, solicitó apoyo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la Unión Europea, Naciones Unidas, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y a asociaciones y gobiernos progresistas.

En respuesta, los partidos y movimientos que conforman el Foro de Sao Paolo enviaron un comunicado la víspera para exigir al Gobierno colombiano que adopte medidas inmediatas y efectivas con el objetivo de salvaguardar la vida de quienes ejercen la oposición política y social.

Asimismo, instaron al Ejecutivo a desmontar definitivamente las redes paramilitares y de narcotraficantes que actúan en territorio nacional.

Adicionalmente, el representante aquí de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, declaró que desde su oficina se interesarán por el asesinato de ocho dirigentes de la izquierda en 2016, actos perpetrados del 1 de enero al 10 de marzo.

Muchas de esas personas estaban relacionadas con el Partido Comunista, Marcha Patriótica y la Unión Patriótica, precisó.

En un primer pronunciamiento sobre el tema el Alto Consejero de la Presidencia para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, admitió que en Colombia existen estructuras criminales, las cuales pretenden sabotear el proceso de paz y adelantó que serán instalados comités regionales de protección en Cauca y Sucre.

Preocupa la falta de avance en las investigaciones, es necesario mejorar el nivel de productividad de la Fiscalía, subrayó Howland, citado por Noticias RCN.

Desde 2012 equipos gubernamentales y de las FARC buscan una solución concertada a la confrontación bélica, la cual dura más de medio siglo y ha ocasionado la muerte a unos 300 mil ciudadanos. (I)