Los habitantes de Chiriaco y Morona, comunidades indígenas en la selva norte del Perú, atraviesan una crisis debido al derrame de petróleo que, desde finales de enero, los afecta. Se calcula que en total unos 3 mil barriles de crudo se habrían vertido en las aguas del río Chiriaco, uno de los afluentes del Marañón.

Tal dimensión lo coloca como uno de los accidentes petroleros más grandes de los últimos 5 años.

El 25 de enero, el oleoducto Norperuano sufrió una fisura de 56 centímetros por la que se fugaron alrededor de mil barriles de petróleo. Unos 30 kilómetros de río se vieron afectados, causando la preocupación de los pobladores de Chiriaco y de 20 comunidades en la región de Amazonas.

Siete días más tarde, el 2 de febrero, la comunidad de Morona, en la región de Loreto, vivió un proceso similar: tras fuertes días de lluvias, el oleoducto cedió ante el peso de un cerro venido abajo, ocasionando la fuga de unos 2 mil barriles adicionales. El resultado es el desastre. Las lluvias aumentaron el caudal del río contaminado, y este ingresó hasta las parcelas de cientos de habitantes que hoy —dicen— lo han perdido todo. Kilómetros de agua arrastran peces que flotan y se pudren, agravando el riesgo de enfermedades infectocontagiosas.

En Lima, este paisaje tardó en manifestarse. Entrada la segunda semana de febrero se supo de la ruptura del oleoducto. Pero la noticia también mencionaba las primeras medidas tomadas para la solución: los ingenieros de PetroPerú, la compañía estatal responsable del cuidado y funcionamiento del oleoducto, habían llegado hasta Chiriaco y Morona para proponer a sus habitantes el pago de 150 soles ($ 40 en promedio) a cambio de que ellos, hombres, mujeres y niños, limpiaran las aguas del río.

Y ahí estaban: hundidos hasta la cintura, haciendo caso omiso del calor y de los mosquitos hasta llenar un balde plástico por el que esperaban obtener un pago que les aliviara el hambre. Se trata de pobladores de comunidades olvidadas, carentes de servicios básicos, y cuyas vidas salen a flote para el resto de peruanos solo cuando están amenazadas.

Producto de esos trabajos improvisados, cientos de niños tienen sarpullido y verrugas en la piel, otros tantos sufren dolores de cabeza continuos, y algunos reclaman haber recibido apenas 2 soles (unos $ 0,30) por sus labores.

El gobierno declaró la emergencia sanitaria en las comunidades afectadas. Mientras, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (multó a PetroPerú con 12 millones y medio de soles), debido a la carencia de soportes en esta parte del oleoducto, la falta de estudios de riesgo en este tipo de operaciones y una ausencia básica del manual de riegos. También se evalúan nuevas sanciones por los daños causados a la salud de los pobladores. (I)