En 1905, 19 años después de que Albert Parsons dirigió la multitudinaria manifestación de trabajadores en Chicago, que exigía el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, se celebró por primera vez en  Perú al 1 de Mayo como el Día del Trabajo. La proclamación de las primeras leyes que intentaban regular los accidentes laborales, el rol de las mujeres en el trabajo, los fines de semana como descanso, o el trabajo infantil, precedieron a 1919, año en el que se fija, tras una serie de pugnas, en 8 horas al día la jornada laboral del obrero peruano.

Ahora, cerca de cumplir 100 años de esa conquista colectiva, parece que en Perú lo logrado en décadas anteriores se ha convertido en un recuerdo cada vez más difuso. Un reciente reporte del Observatorio Ciudadano demuestra que, en promedio, la jornada laboral en el vecino país es de 13 horas diarias. “Las 5 horas en que ese promedio supera a la jornada normal no son pagadas como horas extras, sino que muchas veces se asumen como una colaboración del trabajador con la empresa”, indica el Dr. Arturo Zamora, abogado peruano de instancias laborales.

A su criterio, esta acción constituye un abuso que es generalizado a nivel nacional y a la que se pueden sumar una serie de omisiones que terminan perjudicando al trabajador. “No se cumple tampoco el pago de salarios mínimos, así como la entrega de beneficios de ley, el trabajador, cuando está al tanto de sus derechos, muchas veces prefiere hacer silencio frente a esas faltas para conservar su trabajo, el resto, que no conoce sus derechos, es explotado de forma directa”, sentencia.

De acuerdo a la Ley General del Trabajo, el obrero peruano tiene derecho a recibir una remuneración diaria, semanal, o mensual fija, dos gratificaciones anuales –julio y diciembre–, 30 días de vacaciones, una vez que cumple un año de servicios, utilidades en empresas con más de 20 trabajadores y siempre que estas arrojen rentabilidad, compensación por tiempo de servicio (CTS), cada semestre, y un día de descanso semanal.

Para el Dr. David Dongo Ortega, expresidente de la Corte de Justicia de Arequipa y experto en temas laborales, a pesar de que se conoce el alto nivel de incumplimiento de estas normas básicas, es difícil precisar el número real de empleadores que la ejecutan. “La información está subordinada a las acciones que cumple la autoridad de trabajo y que resulta insuficiente”.

En 2008, la autoridad a la que se refiere Dongo Ortega registró 385 órdenes de infracción en contra de pequeñas y medianas empresas que incumplían con los derechos básicos de sus empleados. Ese número se mantuvo constante hasta el año pasado y ha servido de referencia para mirar el panorama que viven los 28 millones de habitantes del país.

7 de cada 10 peruanos no cuentan con beneficios

A inicios del primer trimestre de 2014, el Instituto Nacional de Estadística e Informática registró el aumento de 2,3% en el índice de población ocupada.

Ese porcentaje representa la generación de 94 mil nuevos puestos de trabajo, lo que implica la ocupación del 93,1% del total de la Población Económicamente Activa (PEA).

Las cifras resultarían favorables si  no fuera porque del otro lado de estas se encuentra una realidad compleja: cerca de 10 millones de empleos, contenidos en ese alto porcentaje de ocupación de la PEA, son informales.

Según la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), entre 2012 y 2013, el nivel de informalidad creció 7 puntos porcentuales, pasando de 61% a 68%.

En ese lapso de tiempo, el Ministerio de Trabajo de Perú informó que la tasa nacional de incremento del empleo formal fue, apenas, de 3%. Ernesto Núñez, presidente de ABE, reflexiona sobre estas cifras y no duda en señalar que tener 7 de cada 10 trabajadores peruanos desprotegidos representa una verdadera injusticia laboral. “No creo que sea correcto, como postulan algunos políticos, elevar los controles para endurecer el concepto de formalidad, sino que la respuesta está en erradicar el trabajo informal del Estado, una tarea en la que entra el trabajador, el empleador y el Gobierno”, aseguró.

Estas diferencias no se quedan en el plano económico, o de derechos, sino que se instala en la sociedad para crear un imaginario en el que el acceso al trabajo depende de factores extraprofesionales.

La investigadora Liuba Kogan, autora del libro ‘No…Pero sí: Discriminación en empresas de Lima Metropolitana’, anuncia que distintos parámetros son usados en la actualidad como modos de segregación ante el trabajador. El género, la raza, el nivel socioeconómico, y la orientación sexual, son algunos de los factores que, de acuerdo a Kogan, siguen pesando en la pequeña y mediana empresa a la hora de escoger sus empleados. “Ahora se habla de target para definir un tipo de grupo objetivo, dejando por fuera al resto.

Existen casos conocidos de empresas que prefieren mujeres blancas para promocionar artefactos en algunas zonas de Lima, mientras que en otras zonas, las más populares, prefieren mujeres morenas”, indica. Esas formas están más naturalizadas de lo que se pensaría pues ya no se expresan como acciones abiertas de discriminación, sino que, a través del lenguaje del marketing, han logrado imponerse como requisitos necesarios.

En un esfuerzo para reducir la brecha laboral, el gobierno de Ollanta Humala creó, en 2013, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Con esta, el ejecutivo busca mejorar el sistema nacional de inspección laboral, que es parte fundamental de la erradicación de la serie de problemas que vive el obrero peruano.

Gremios argentinos divididos

La situación de los trabajadores en Argentina ha dado un giro positivo en los últimos 10 años, aunque todavía persisten inconvenientes que ensombrecen la realidad laboral en el país. Hace 12 años, cuando asumió el “kirchnerismo” de la mano del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), la desocupación sobrepasaba el 26% de la población económicamente activa, las industrias estaban paralizadas y la pobreza rondaba el 54%.

Hoy, 10 años después, el desempleo se ubica en 7,1%, según la Comisión Económica para la América latina y el Caribe (Cepal). El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sostiene que en esta última década se han creado 6 millones de puestos de trabajo en el país.

Otro punto positivo ha sido la reactivación de las llamadas “paritarias”, las negociaciones salariales anuales entre gremios y patronal en cada rubro de trabajadores que fijan incrementos de sueldos homologados por el Ministerio de Trabajo.

Pero los trabajadores sufren hoy el avance de la inflación, que este año amenaza sobrepasar el 30% anual, incluso pronósticos de consultoras privadas lo ubican en 35%. Esta situación, durante años minimizada por el Gobierno mediante estadísticas oficiales poco confiables, es un duro golpe para los bolsillos de los trabajadores.

Varios gremios, en plenas negociaciones, piden aumento a 35% pero el Gobierno argentino quiere aprobar incrementos no mayores del 30% para frenar la inflación.

Esto provoca roces ya que sindicatos denuncian que el salario perderá valor ante la inflación este año. Otro de los reclamos de los gremios son los cambios en el impuesto a las ganancias, una tasa que se lleva una porción importante del sueldo de los trabajadores.

Actualmente, el mundo gremial argentino está dividido en 5 centrales obreras. La Confederación General del Trabajo (CGT), tradicional bastión del peronismo, está seccionado en tres: la CGT del histórico dirigente camionero Hugo Moyano, antiguo aliado del “kirchnerismo” y hoy férreo opositor; la CGT oficialista encabezada por el dirigente metalúrgico Antonio Caló (también llamada CGT-Balcarce por el nombre de la calle donde se ubica la casa de gobierno), y la CGT Azul y Blanca, del líder gastronómico Luis Barrionuevo, referente gremial del Frente Renovador peronista (opositor) del diputado y virtual candidato presidencial Sergio Massa.

También existe la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de centroizquierda no peronista, a su vez dividida en 2: el ala oficialista de Hugo Yaski, y la opositora de Pablo Micheli.