El pasado 31 de diciembre venció el plazo para que las 31 universidades públicas del Perú elijan nuevos directivos y actualicen sus estatutos internos. Esta demanda obedece a lo establecido por la Ley Universitaria, en vigencia desde mediados del 2015, a través de la que se busca potencializar el orden institucional a favor del conocimiento y la inclusión de los estudiantes.

La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), organismo encargado de supervisar la aplicación de la Ley, registró hasta el fin de año pasado unas 26 universidades en pleno proceso de aplicación del mandato, 6 instituciones que, mediante procesos judiciales, intentan aplazar esta reorganización, y 5 universidades declaradas por sus autoridades en rebeldía ante esta norma.

La Universidad de Trujillo, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Universidad Federico Villareal, Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integran la lista de instituciones cuyas autoridades decidieron desacatar las órdenes del ente rector.

“Durante años, la universidad pública en el Perú ha sido el botín de grupos políticos empeñados en utilizar el presupuesto que se les asigna en actividades que poco tienen que ver con el mejoramiento de la educación superior. Los puestos de poder dentro de las instituciones son claves, por eso cuando la Ley ordena su reorganización el conflicto aparece magnificado”, indica el analista Pedro Huanca.

Precisamente la decisión de no dar paso a la elección de rector y vicerrectores, en las instituciones rebeldes, significó la división interna de alumnos y docentes, en bandos a favor y en contra de la aplicación de la Ley. El punto más crítico de este desencuentro ocurrió el 4 de enero pasado, cuando un grupo de la Federación de Estudiantes de San Marcos tomó por la fuerza las instalaciones de esta universidad exigiendo la salida inmediata de Pedro Cotillo, uno de los rectores en resistencia a la aplicación de la Ley.

Durante este día se vivieron momentos de tensión cuando, advertidos de las acciones estudiantiles, los integrantes del bando de Cotillo, quien aspiraba a la reelección, intentaron retomar el control de la universidad, produciéndose enfrentamientos, incluso cruce de balas.

Ante la magnitud de esos actos, la Sunedu decidió actuar. Emitió un comunicado en el que desconocía cualquier título universitario firmado por los rectores rebeldes. Con ello, dejaba sin efecto trámites de egresamiento y graduación, dejando en el limbo a cientos de universitarios. Además, el organismo pidió al Ministerio de Economía el congelamiento de los depósitos para las universidades en problemas, aduciendo que, mientras no exista claridad en los procesos, no recibirían dineros del Estado.

Finalmente Cotillo fue reemplazado por Antonia Castro Rodríguez, quien fue posesionada como rectora interina de la universidad de San Marcos.

“La Ley ordena que exista un cambio en el mecanismo de elección de autoridades. Hasta hace poco, bastaba una asamblea general de docentes para elegir rector y vicerrectores, ahora se busca someter esa decisión al voto universal, algo que no es bien visto por quienes han detentado el poder durante décadas”, apunta Huanca.

De acuerdo con Lorena Mesías, titular de la Sunedu, la resistencia de los rectores no tiene asidero legal, y está relacionada con una forma de ver la universidad que ha causado retraso a nivel de formación superior en este país. Hasta el año pasado se calculó en 48% el nivel de subempleo al que están sometidos los egresados de las universidades nacionales. Es decir, personas que han invertido 5 o 6 años de estudios en una carrera profesional para, al final, terminar ejerciendo cualquier otro oficio que les ayude a sobrevivir.

A inicios de esta semana, estudiantes de la Universidad Federico Villareal reprodujeron lo vivido en San Marcos. Armados con palos y piedras, tomaron la sede central de esta casa de estudio, exigiendo la salida de sus autoridades. (I)

LA LEY UNIVERSITARIA

Con la vigencia de la nueva ley universitaria, cesan las Asambleas Universitarias de todas estas casas de estudio y quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente.

De acuerdo con el artículo 66 de la norma, el rector y los vicerrectores de las universidades públicas serán electos por voto universal, que será personal, obligatorio, secreto y ponderado por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados mediante la siguiente distribución: a los profesores les corresponde dos tercios de la votación y a los alumnos un tercio de esta.

Además, la nueva ley señala que el rector y los vicerrectores de las instituciones públicas, cuyas gestiones duran 5 años, no pueden ser reelegidos para el período inmediato siguiente, ni participar en lista alguna.