Perú promulgó el miércoles una ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la guerra interna que el país vivió entre 1980 y 2000, y que permitirá crear un registro de víctimas, que superan las 15.000, con el fin de hallarlas y entregar los restos a las familias.

Con esta norma, publicada el miércoles en la gaceta oficial, los familiares tendrán el derecho a conocer la verdad sobre la forma de la desaparición, la situación de la persona desaparecida, incluido su paradero o, en caso de fallecimiento, los pormenores de su muerte y el lugar de inhumación.

La ley fue promulgada casi un mes después de su aprobación en el Congreso, en medio de las exigencias de los familiares y de una campaña en redes sociales para que el gobierno acelere el trámite.

El Estado garantiza los derechos y los intereses de los desaparecidos y sus familiares, y la realización de una investigación eficaz, exhaustiva e imparcial de las circunstancias de la desaparición, aclara la ley.

El Ministerio de Justicia estará a cargo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro, y de igual modo promoverá y participará en el proceso de búsqueda.

Según el Ministerio Público, entre 1980 y 2000 desaparecieron 15.731 personas, cifra que se calculó con reportes de diversas fuentes humanitarias.

"Esta norma tiene un carácter humanitario porque trata de devolverle a las familias la posibilidad de encontrar y poder enterrar a su pariente para cerrar ese círculo de luto que durante años no lo habían terminado de cerrar", dijo el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.

Señaló que la primera acción del plan de búsqueda de los desaparecidos será en las regiones que sufrieron con mayor intensidad la violencia de la guerra como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huánuco y Junín, en el centro y centro sur del Perú.

"Se calcula que hay unas seis mil fosas clandestinas en el país producto de la violencia, por lo tanto hay que iniciar proceso de exhumación de los restos a cargo del instituto de medicina legal del Ministerio Público", agregó.

Los familiares de las víctimas de la guerra interna reclamaban desde hace años la creación de una entidad especializada para ayudar a encontrar las fosas y los lugares donde fueron enterrados sus seres queridos.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, unas 70.000 personas murieron y desaparecieron en el conflicto interno.

Dicha comisión concluyó en 2003 que la guerrilla maoísta Sendero Luminoso fue la principal perpetradora de delitos de lesa humanidad, pero que las fuerzas armadas incurrieron también en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes masivos contra poblaciones campesinas. (I)