Investigan fosas con supuestos desaparecidos durante el régimen de Fujimori
Las autoridades de Perú investigan este viernes cuatro fosas en las que se sospecha que fueron enterrados clandestinamente los llamados "desaparecidos del Santa", víctimas en 1992 del grupo militar encubierto Colina.
Agentes de la policía fueron alertados en las últimas horas del hallazgo de las fosas con restos humanos a la altura del kilómetro 468 de la carretera Panamericana Norte, en la región La Libertad.
El tema llevó a la inmediata movilización de fiscales, peritos y expertos forenses para intentar determinar la procedencia de los restos de, al parecer, siete personas.
Según la página web del diario El Comercio, en una de las fosas, ubicada a unos 200 metros de la autopista en pleno desierto del norte peruano, se encontró un cráneo con lo que parece ser un orificio de bala junto a un pantalón con una correa blanca y cuerdas.
A pocos metros se halló un fémur y dos casquillos de bala de calibre 9, de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, mientras que a dos kilómetros se encontraron otras dos fosas con los restos de, al parecer, cuatro personas.
El fiscal de la localidad de Virú, Héctor Rebaza, declaró a los periodistas que aún no se tienen mayores detalles de la investigación, aunque los pobladores de las cercanías lo relacionaron con los nueve campesinos desaparecidos en el distrito del Santa, en la vecina región Ancash, el 2 de mayo de 1992.
Incluso, el alcalde de la cercana localidad de Guadalupito, Roberto Oliva Paredes, declaró al portal del diario La República que "sin duda" los restos pertenecen a los desaparecidos.
Los familiares, organismos defensores de los Derechos Humanos e investigaciones periodísticas señalan que los campesinos fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos por el grupo Colina.
Ese destacamento militar encubierto fue también el responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, que determinaron que el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fuera condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos.