Carlos Basombrío, el nuevo ministro del Interior de Perú, dio un plazo de 10 días para que la Inspectoría General de la Policía Nacional presente un informe sobre por qué luego de un año no se esclareció la investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes por parte de la policía.  

Las acusaciones apuntan a la existencia de ‘un escuadrón de la muerte’ dentro de los gendarmes. Las víctimas serían 27 personas, muertos entre 2011 y 2015; y los supuestos responsables 97 policías.

El escándalo denominado ‘el escuadrón de la muerte’ (término que designa a bandas paramilitares que realizan asesinatos selectivos) es comparado por Basombrió con el escándalo de los ‘falsos positivos’ que remeció a Colombia en 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.  

“Esto se parece mucho a lo que ocurrió en Colombia. Es decir, se trata no de justicieros, sino de personas que se aprovechan de estas, circunstancias para obtener beneficios, esa es la acusación”.

Según diversas publicaciones de prensa que destaparon el caso desde hace una semana, los reconocimientos tienen que ver con incentivos económicos y ascensos en la institución en recompensa por la captura de bandas delincuenciales, ante la creciente ola de inseguridad ciudadana que golpea a Perú.

Por su parte, la Inspectoría General de la Policía explicó que el ‘escuadrón de la muerte’ contaba con informantes que servían de dobles agentes.

Es decir, estos  informadores -que serían miembros policiales- brindaban información falsa a delincuentes comunes para convencerlos de cometer un asalto o un secuestro cuando estas operaciones ya estaban debidamente planeadas para ser intervenidas. Es decir, las grandes y exitosas operaciones policiales realizadas en estos cuatro años serían una farsa. ¿El objetivo? Hacerse de los fondos de inteligencia.

Los casos denunciados

Las muertes se produjeron en varios operativos policiales, entre 2011 y 2015, en Lima, Chincha y Lambayeque.

Aunque la policía informó que los disparos se ejecutaron a supuestos asaltantes y secuestradores, durante enfrentamientos, los familiares de las víctimas denunciaron que los escenarios fueron simulados.

En el transcurso de los hechos denunciados, el director general de la Policía era el general Jorge Flores Goicochea, quien permaneció en el cargo de marzo de 2013 hasta fines de 2015. El exfuncionario niega conocer sobre el tema.

Sin embargo, este caso se destapó en enero de 2015, luego de que el comandante de la Policía Nacional de Perú (PNP), Franco Moreno Panta, denunció  la muerte de su hermano en uno de estos operativos.

El efectivo fue al centro de investigaciones de Inspectoría de la PNP para hacer la acusación.

La denuncia fue recibida por el coronel  Édgar Aybar y en dos semanas se formó una comisión especial que viajó a distintas ciudades para reportar los hechos. Al poco tiempo se comprobó la denuncia a nivel preliminar: en las operaciones habría participado el mismo grupo de policías con el apoyo de sus superiores.

Ante lo comprobado, el comandante Aybar derivó los hechos al Ministerio Público y pidió que los generales implicados fueran investigados por el Tribunal de Disciplina Policial. No obstante, tras idas y vueltas de funcionarios encargados de la investigación, el documento finalmente  quedó ‘congelado’.

El congresista de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, Mauricio Mulder, demandó una profunda investigación.

El legislador agregó que el caso reviste de la mayor gravedad y que, por este tema, el expresidente Ollanta Humala podría ser denunciado por crímenes de lesa humanidad, ya que estos hechos ocurrieron durante su mandato.    

Mulder señaló que este debe ser uno de los primeros temas que trate la nueva Comisión de Defensa o, si alguien propone la moción respectiva, una comisión especial de investigación, y pidió no olvidar que “Alberto Fujimori fue condenado por las ejecuciones de un comando de la muerte que fue el Grupo Colina y no por matanzas masivas”. (I)

DATOS

En el Congreso legisladores no descartan la posibilidad de constituir una comisión investigadora para asumir el caso de las supuestas ejecuciones extrajudiciales.  

Un colaborador afirma que recibían dinero por armar el escenario de enfrentamientos y que los operativos se realizaban sin  supervisión.

Según la inspectoría, los fallecidos fueron presentados como caídos durante enfrentamientos con la policía, cuando los peritajes indican que recibieron disparos de atrás hacia adelante, y a corta distancia, lo que implicaría que fueron detenidos y ejecutados.

De acuerdo con los dictámenes periciales de balística forense, los cuerpos de los fallecidos tenían impactos de bala en cabeza, tórax y extremidades, disparados con arma de largo alcance de 7.62 mm. (I)