El juez peruano que dispuso la incautación de la casa del expresidente Ollanta Humala y luego suspendió esta orden por 30 días, dio una nueva contramarcha este martes 8 de mayo al dejar sin efecto la anulación de esta medida.

La nueva decisión judicial equivale a "consolidar la incautación, es una medida dictatorial", dijo a periodistas el abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, tras conocer que el juez Richard Concepción Carhuancho anuló por la noche la suspensión por 30 días del plazo que había otorgado para entregar la casa que él mismo aprobó a primera hora del martes.

"Es una cantinflada sumamente seria, es un expresidente de la República, corresponde al Poder Judicial dictar correctivos", dijo Pedraza al Canal N de televisión.

El juez, envuelto ya en una controversia por suspender la incautación del inmueble de Humala horas después de que éste lo desalojara, alegó ahora que la suspensión carecía de sentido porque la vivienda ya había sido entregada a las atoridades.

Las marchas y contramarchas se iniciaron el lunes cuando la fiscalía peruana incautó cinco inmuebles y cuentas bancarias de Humala (2011-2016) y de su esposa, Nadine Heredia, investigados por supuestos aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, una semana después de que salieran de prisión preventiva.

Entre los inmuebles se encuentra la vivienda de Humala y su esposa en el distrito limeño de Surco, y que la pareja debió abandonar la madrugada de este martes, cinco horas después de haberse cumplido el plazo fijado por el juez para su desalojo.

La suspensión de la incautación "se emitió ayer lunes, pero recién la mañana del martes se notifica a los abogados", dijo Julio César Espinoza, uno de los defensores de Humala.

La pareja tiene tres hijos menores de edad, lo que generó una ola de repudio a la decisión judicial en Perú.

Los jueces "no pueden por incautación desalojar una familia; según la ley de medidas cautelares no deben quitar vivienda; ello solo se produciría con sentencia condenatoria", dijo el abogado César Nakazaki, otro de los defensores de Humala.

Muchos políticos y columnistas criticaron la incautación, al considerar que fue arbitraria, pues son varios los expresidentes y políticos peruanos investigados por Odebrecht, pero Humala ha sido el único enviado a prisión y ahora privado de sus bienes sin haber sido llevado a juicio todavía.

"Creo que se están excediendo", dijo la exprimera ministra Mercedes Aráoz. La justicia puede incautar "otras propiedades, pero no la casa familiar, (pues) los niños cuentan", agregó en alusión a los hijos de la pareja.

"Fue un exceso sacarlo de la casa", declaró a la AFP el analista Luis Benavente, agregando que "la victimización genera solidaridad con la víctima".

"Además hay muchos que piensan que les puede pasar lo mismo", indicó, en referencia a los otros expresidentes y líderes políticos peruanos investigados por las dádivas de Odebrecht.

"Es el más débil"

La incautación se dio en medio de las investigaciones en contra de los Humala por los presuntos aportes que habrían recibido de parte de Odebrecht para la campaña que lo llevó al poder en 2011.

El juez también ordenó la incautación de sus cuentas bancarias, incluso las cuentas de ahorro de dos hijas de los Humala. Algunas de las casas incautadas no pertenecen a la pareja, sino a familiares o amigos.

El expresidente calificó el lunes esta orden como un "linchamiento político" y pidió que lo autoricen a seguir habitando la casa con su familia, aunque tuviese que pagar un alquiler al Estado.

La orden de incautación fue cumplida con gran despliegue de policías fuertemente armados, una semana después de que Humala y su mujer recuperaran su libertad tras nueve meses en prisión preventiva, favorecidos de un fallo del Tribunal Constitucional.

Humala, de 55 años, y su esposa, de 41, estuvieron presos, acusados de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 y enfrentan cargos de lavado de activos.

"El más perjudicado ha sido Humala. Él es el más débil, tiene menos influencia política, no tiene bancada (en el Congreso), tiene enemigos más fuertes, porque se peleó con todo el mundo", indicó el analista Benavente.

Los otros expresidentes investigados por la fiscalía son Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Alan García (2006-2011) y Alejandro Toledo (2001-2006), quien enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos.

También está bajo investigación la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y artífice del intento de destituir a Kuczynski por sus asesorías a Odebrecht mientras era ministro, lo que condujo a su renuncia hace seis semanas. (I)