El gobierno de Perú enviará a las Fuerzas Armadas al sur del país para apoyar a la policía a controlar las protestas -que ya han dejado tres muertos- contra el proyecto cuprífero Tía María, de la mexicana Southern Copper, por 1.400 millones de dólares.

"Confiamos en que este paso sea lo suficientemente persuasivo para que los colectivos involucrados (en las protestas) se retiren", aseguró el sábado a la televisora estatal el ministro de Justicia, Gustavo Adriánzen, sobre el permiso a las fuerzas armadas, que se extiende hasta el 7 de junio.

Agregó que "la normalidad debe volver a la provincia de Islay", donde se ubica el proyecto minero, en la región de Arequipa, unos 1.000 km al sur de Lima.

El presidente Ollanta Humala, un exteniente coronel del ejército, aprobó la decisión en coincidencia con el deceso de un policía, herido gravemente a golpes de cadena por manifestantes radicales durante las protestas del miércoles pasado, que alcanzaron matices vandálicos.

La muerte del policía elevó a tres -los otros dos son civiles- la cifra de fallecidos en las protestas contra el proyecto Tía María, iniciadas el 23 de marzo, y que han dejado además 160 policías heridos, según el Ministerio del Interior.

Clima social complicado

La militarización complicará el clima social en esa región agrícola de Perú, en momentos que el país urge de inversiones para consolidar su privilegiada posición en el mercado mundial de metales preciosos, donde figura como segundo productor de cobre detrás de su vecino Chile.

La minera mexicana Southern Copper mantiene silencio desde que el 27 de marzo asegurara que "continuará con sus mayores esfuerzos para sacar adelante el proyecto Tía María".

"El ingreso militar dificulta la inversión, a corto plazo es imposible y no tiene solución el conflicto: no se puede imponer un proyecto minero en una zona de agricultores", afirmó el sociólogo y analista Fernando Rospigliosi.

Según Rospigliosi, "el proyecto ya está muerto para lo que le resta a Humala en el poder (14 meses). Los antimineros se imponen por abandono de los políticos, pues el gobierno no ha hecho política en la zona explicando el proyecto a la población y enfrentando a los antimineros".

El exsacerdote Marco Arana, líder de Tierra y Libertad, una agrupación política ambientalista que respalda la protesta contra la minera mexicana, ha exhortado a través de las redes sociales a no insistir en el proyecto denunciando antecedentes de contaminación de la minera.

"Debería abrirse un camino de paz, porque hay un rechazo multitudinario al proyecto. Debe tomarse la decisión política de posponer el proyecto", dijo Arana en declaraciones a una canal de televisión.

En las últimas semanas, el gobierno ha invocado al diálogo y ha insistido en que esta inversión cuprífera de unos 1.400 millones de dólares no utilizará el agua del valle ni será una operación que afecte al medio ambiente.

Asegurar el control

Según una resolución suprema, las FF.AA. apoyarán a la policía con el fin de "asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia". La autorización rige del 9 de mayo al 7 de junio.

Los primeros contingentes de fuerzas combinadas del ejército, aviación y la marina, en número no precisado, ya se desplegaron en Islay para asegurar que "las vías, puentes, túneles y puertos estén libres" de manifestantes, señaló el ministro del Interior, José Pérez.

Las autoridades peruanas no han descartado declarar el estado de emergencia en la provincia de Islay, para otorgar a las fuerzas armadas el control total de la zona.

Ello implicaría la suspensión temporal del derecho a la protesta y el permiso para detener sospechosos sin orden judicial.

Desde 2009 la población se opone a Tía María, recuerdan los opositores al proyecto.

En 2011 murieron tres personas durante una protesta contra las obras, que se declararon inadmisibles. Pero, en 2013, bajo una legislación ambiental más flexible, se le dio luz verde al proyecto.

Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales -clave para el crecimiento económico del país- se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales. (I)