El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dijo este sábado que se estudia la posibilidad de demandar por daños y perjuicios a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió sobornos en varios países, entre ellos Perú, para ganar obras públicas.

"Nosotros estamos analizando varias alternativas, sin duda una de ellas es esa (demanda), pero hay que ver caso por caso porque sino vamos a entrar a unas complicaciones terribles de juicios interminables", dijo Kuczynski a la emisora RPP al ser consutado sobre si Perú presentaría una demanda contra la constructora brasileña.

Odebrecht reconoció -según informó la justicia de Estados Unidos- el pago de 29 millones de dólares a funcionarios del Estado peruano a cambio de lograr contratos para obras entre los años 2005 y 2014.

Kuczynski explicó que para realizar cualquier demanda se debe estar bien preparado y no lanzarse con algo que luego puede ser contraproducente para el país.

"La justicia peruana debe tomar cartas en el asunto y ver el detalle de las cosas y en base a eso se tomará una decisión", precisó el mandatario.

El presidente hizo un llamado a la fiscalía para que dé los nombres de los funcionarios y ejecutivos implicados en el caso de sobornos para ganar contrataciones con el estado peruano.

"Si hay acusados, que sin duda los hay, deben pasar por el sistema judicial y que se conozcan los nombres", comentó.

El viernes, Odebrecht señaló que está dispuesta a firmar un acuerdo con la justicia en Perú, tal como lo hizo en Estados Unidos, y poder seguir activa, según un comunicado interno de la empresa a sus empleados al que tuvo acceso la AFP.

"Basados en la experiencia que tuvimos en países como Estados Unidos, Brasil y Suiza, reconocemos la importancia del uso de mecanismos de cooperación con la justicia, buscando reparar daños", señaló en el comunicado el nuevo representante de la firma en Lima, Mauricio Cruz.

La constructora brasileña participó en más de 40 proyectos de inversión en el periodo investigado (2005-2014), los cuales implicaron más de 12.000 millones dólares en gasto público para la ejecución. Los hechos ocurrieron durante los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. (I)