El Gobierno de Perú ha enviado 1.500 militares a la zona del Cuzco, donde 43 trabajadores fueron secuestrados el pasado lunes por un grupo armado que exige el pago de diez millones de dólares, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

Una nota de ese despacho aseguró que los secuestradores son "narcoterroristas" (terroristas vinculados al narcotráfico) y que "apenas ocurrido este hecho se constituyó un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional".

Ese comando, añadió la información oficial, "ha tomado acción en este caso desde el mismo día lunes con la discreción y reserva que se requiere en un asunto de esta delicada naturaleza".

"Las Fuerzas Armadas han desplegado 1.500 efectivos, quienes han acordonado la zona con el objetivo de aislar a los delincuentes narcoterroristas que mantienen retenidos a los mencionados trabajadores", remarcó.

El Gobierno anunció que adoptará "todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes", manifestó su solidaridad "con la angustia de sus familiares" y les pidió mantener la calma.

Se informó, además, de que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, viajará a la zona de Echarate para supervisar el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.

El Ministerio del Interior informó el miércoles a Efe que un grupo de 43 trabajadores de empresas contratadas por el consorcio de gas de Camisea sigue secuestrado en la selva del Cuzco, en el sur de Perú.

En una nota de rescate que fue difundida por medios locales los captores piden el pago de diez millones de dólares, una "cuota de guerra" anual de 1,2 millones de dólares, además de explosivos.

Nueve de los trabajadores fueron interceptados en un campamento y el resto en otro en la localidad de Kepashiato, según la fuente, y pertenecen a las empresas Coga y Skanska, que brindan servicios al consorcio de gas de Camisea.

Kepashiato se ubica en la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), un lugar selvático de difícil acceso donde operan los remanentes de la banda armada Sendero Luminoso y mafias del narcotráfico.

Los familiares de los secuestrados pidieron la intervención del presidente Ollanta Humala y señalaron que están "desesperados" por la situación.

El gobierno peruano decretó el miércoles el estado de emergencia (excepción) en la provincia cuzqueña de La Convención, donde se encuentra la localidad en la que se produjo el secuestro.