Cada hora 14 personas mueren en Perú. Esa cifra, emitida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, nada dice sobre las circunstancias de cada caso y que se encargan de que la muerte, un asunto rutinario, no sea un lugar común.

La semana pasada, esas circunstancias alcanzaron lo execrable. Un informe televisivo abrió la posibilidad de que al interior de la Policía Nacional de Perú exista una organización encargada de eliminar personas extrajudicialmente.

Entre 2011 y 2015, al menos 27 personas fueron asesinadas bajo las mismas circunstancias. Cruce de fuego con miembros de la Policía, en operaciones en las que no estuvo presente ningún delegado de la Fiscalía y de las que no se tiene ningún herido en el cuerpo policial y apenas un solo sobreviviente como testigo.

Las ciudades de Lima, Chincha y Chimbote fueron los escenarios en los que estas operaciones se desarrollaron. La denuncia, que toma como base una investigación policial iniciada en 2015, apunta a la simulación de lo sucedido, es decir, la preparación de todos los detalles para que los efectivos policiales aparezcan triunfantes ante la delincuencia.

En un país en el que, en promedio, ocurren 93 robos diarios y anualmente se contabilizan cerca de 1.000 homicidios, ganarle una partida a la violencia significa mucho. Para los 97 uniformados que ahora están bajo investigación significó, en su momento, ascensos de rango, aumentos de salario, tranquilidad.

De acuerdo con un testigo encubierto, el éxito de estas operaciones dependía directamente de la escasa ambición de los asesinados. Una persona era la encargada de agrupar a delincuentes de poca monta con el pretexto de realizar un trabajo sencillo y rápido, que dejara dinero contante y sonante.

En esta historia, robar un par de aretes, arranchar un celular, meter la mano en una cartera, es ‘de poca monta’. Asimismo, ser pescado en una trampa preparada por la Policía es también trabajo sencillo. Tras la fachada de posibles secuestros o asaltos a gasolineras, los implicados eran conducidos a lugares donde miembros policiales esperaban.

Según informes médicos legales, la mayor cantidad de muertes en estos operativos presenta un cuadro de ingreso de bala por la parte superior de la cabeza. Las pruebas de absorción atómica, que verifican si la persona disparó, dieron resultado negativo en la mayoría de estos casos.

Raúl Prado Ravines, comandante de la Policía Nacional de Perú (PNP), está acusado de dirigir esta red que empleó, durante los 5 últimos años, a 17 oficiales y 80 suboficiales. Como todo acusado que presume su inocencia, Prado Ravines negó cualquier tipo de responsabilidad frente a los hechos. Pero las pruebas, con el paso de los días, se encargan de desmentirlo. Videos de las operaciones muestran la presencia del comandante después de los enfrentamientos; siempre hablando por teléfono, revisando la escena y supervisando.

A pesar de que en 2015, con el gobierno de Ollanta Humala aún en funciones, la denuncia fue iniciada por la Inspectoría Policial, entidad encargada de estos casos, en más de una ocasión las pesquisas fueron congeladas, separados los responsables de llevarlas adelante y desatendidas las peticiones de declaración de parte de los acusados. Consultado por esta denuncia, José Luis Pérez Guadalupe, el exministro del Interior, dijo: “No conozco nada sobre el caso, no he escuchado nada”.

Mientras avanzaban las investigaciones, en cambio, se produjeron, el menos, 2 operaciones más. La más llamativa fue la de un vendedor de cometas confundido como parte de una supuesta banda de asaltantes. “El policía me vio en el suelo y escuchó que yo le rogaba por mi vida. Me pidió que regresara a mi auto y que me quedara tranquilo en el volante. Le hice caso. Enseguida se paró frente al auto y, sin que me diera tiempo, empezó a dispararme. De milagro sobreviví”.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció ayer que el Gobierno ya tiene identificados a los policías responsables del denominado ‘escuadrón de la muerte’. “Es uno de los hechos más atroces en la historia de Policía. Ratifico mi rechazo y profundo desagrado sobre lo ocurrido”.

El nuevo funcionario indicó que mañana se presentará el informe sobre el caso y aseguró que hasta ahora no tiene evidencia de que esas prácticas se hayan extendido a otros grupos de policías. Finalmente, descartó que el director de la institución se encuentre implicado en las matanzas. (I)