Tras declararse el estado de emergencia en Islay, sur de Perú, las Fuerzas Armadas tomarán el control del orden público en la zona, donde desde hace dos meses tienen lugar violentas protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, que ya han dejado cuatro muertes.

El régimen de excepción anunciado por el gobierno el viernes y que inicia este sábado, se produce en momentos en que se prevé un nuevo paro regional en la zona de protesta, lo que, según analistas, puede agravar la situación.

"El gobierno ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia en todos los distritos de la provincia de Islay y de Mollendo (su capital) por un plazo de 60 días", dijo el primer ministro Pedro Cateriano, en conferencia de prensa.

"Conforme la Constitución, se suspenden las libertades personales referidas a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión", agregó, y aseguró que el gobierno hará valer su cumplimiento, si necesario, para resguardar la seguridad.

Cuarta muerte

El viernes, un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y la policía en la provincia de Islay dejaron un muerto, según fuentes médicas.

"El manifestante, de 55 años, llegó sin signos vitales a la posta de salud de Cocachacra", dijo a la radio RPP el médico Walter Vera, director de la seguridad social en Islay. A consecuencia de los enfrentamientos en estas protestas, que se iniciaron el 23 de marzo, ya han fallecido otros dos civiles y un policía.

Según los manifestantes, la víctima falleció producto de un balazo en el pecho, lo que no fue confirmado ni desmentido por el centro de Salud de Cocachacra.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, dijo, por su parte, que al fallecido no se le ha encontrado una herida de proyectil sino una contusión en el ojo izquierdo, aunque aún debe practicarse una necropsia.

Las protestas contra este proyecto de $ 1.400 millones habían amainado en la última semana desde que la minera Southern Peru -filial de la mexicana Southern Copper- anunció una pausa por 60 días del proyecto para buscar entendimientos, tras un llamado del presidente peruano Ollanta Humala a buscar el diálogo.

"Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, la semana pasada.

Pobladores de Islay temen que el proyecto minero, que aún no empieza a construirse, afecte su agricultura y su medio ambiente. No obstante, en medio de las protestas se ha denunciado penalmente a un dirigente, Pepe Julio Gutiérrez, por supuestamente haber pedido dinero para poner fin a las manifestaciones.

El gobierno también quiere responsabilizarlo de la muerte del policía.

Caldear los ánimos

"Desde que se iniciaron los incidentes en Arequipa (donde se ubica la provincia de Islay) por el caso Tía María, el gobierno del presidente Humala ha hecho todos los esfuerzos para que todo se resuelva con el diálogo", dijo Cateriano, quien lamentó que se hayan reiniciado los choques con la policía.

Las protestas del viernes dejaron además siete heridos, cuatro manifestantes y tres policías, durante los incidentes en los que la población intentó tomar por asalto la comisaría de la localidad de Cocachacra, epicentro de las protestas.

"Atacaron la comisaría a pedradas y con dinamita. La policía ha repelido ese ataque con armas no letales", agregó el ministro Pérez.

Para el exviceministro del Interior, Carlos Basombrío, este último hecho no le dejó más remedio al estado que declarar la emergencia, aunque las cosas podrían complicarse.

"El problema, ahora, es que la situación en Islay se puede tornar más grave porque la próxima semana se ha convocado a un paro macroregional", dijo a la AFP.

Para ayudar a los más de 2.000 policías en la contención de las protestas, el gobierno ya había enviado a Islay hace dos semanas un contingente de 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que desde entonces resguardan instalaciones estratégicas, como puentes y locales públicos.

El gobierno ha descartado la suspensión del proyecto, blanco de estas violentas manifestaciones que le han costado al presidente Humala una caída en su popularidad de seis puntos porcentuales hasta situarse en 21% en mayo.

En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre y donde la minería es clave para su crecimiento económico, las protestas socio ambientales se han intensificado, cuando falta un año para las elecciones presidenciales. (I)