A 10 días de que el juez Peter Tomka, presidente de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, lea el veredicto final del diferendo limítrofe entre Perú y Chile, las autoridades de uno y otro país han empezado su cuenta regresiva.

El fallo, que será emitido el lunes 27 de enero a las 9:00 (hora de Perú), tiene carácter vinculante y carece de posibilidad de ser apelado por alguna de las 2 partes, lo que convierte al hecho en un hito determinante en la historia del conflicto entre estas naciones.

La cronología indica que el inicio de este desacuerdo entre Perú y Chile tiene que ver, en gran parte, con una distinta interpretación de la ley. En 1982 Perú, y otros países entre los que también se contaba Chile, firmó la declaración de la II Conferencia sobre Derechos del Mar, en la que se reconoce como zona económica exclusiva de las naciones la extensión de 200 millas marinas.

Un inciso de ese tratado indica que las delimitaciones marinas entre países que tengan fronteras adyacentes quedarán bajo el acuerdo al que ellas puedan llegar en base al derecho internacional. Ese ha sido el argumento utilizado desde la firma del mencionado tratado por Perú, país que nunca definió sus límites marítimos con su vecino del sur.

Chile, en cambio, ha respondido interpretando otro inciso del mismo tratado, en el que se señala que las delimitaciones estarán sujetas a los acuerdos que las naciones previamente hayan firmado. En 1952 y 1954, Chile y Perú firmaron acuerdos que, según las autoridades chilenas, determinan los límites marítimos de ambas naciones pero que Lima considera que son pesqueros.

Desde entonces, cada vez que el tema ha vuelto a la palestra ha experimentado posiciones encontradas y distanciadas en base a un entendimiento diferente sobre los límites, de un lado y otro de la frontera. Sin embargo, antes de 2004 las acciones provenientes desde Perú, país interesado en que haya claridad en la definición territorial, fueron desestimadas por la diplomacia chilena, institución que más de una vez declaró haber superado las dudas territoriales con los tratados de los años 50.

No sería hasta el Gobierno de Alejandro Toledo, quien también recibió la negativa chilena, que el Gobierno peruano eleva a instancias internacionales su descontento, y lleva hasta el escenario de La Haya su preocupación.

La Corte Internacional de Justicia, establecida en Países Bajos en 1945, tiene como una de sus funciones principales emitir sentencia en los problemas que presenten los Estados. Para ello, la Corte debe investigar el origen de las diferencias, recibiendo argumentos de cada una de las partes involucradas. En ese proceso, Perú y Chile se han encontrado más de una vez durante los 10 años de duración que ha tenido la investigación de La Haya. Los argumentos de cada Estado han superado la posición de sus determinados gobiernos, los mismos que han visto en este tema un territorio delicado al que tratar con un cuidado especial.

El Gobierno de Humala, por ejemplo, desde el inicio de sus funciones ha declarado su firme voluntad para llevar adelante el proceso hasta conseguir su dictamen. Esa voluntad parece haberse convertido en confianza, tras el arduo trabajo que la delegación peruana ha cumplido los últimos años en La Haya, sentimiento que, para el excanciller José Antonio García Belaunde, no debe ser confundido con triunfalismo. Para su modo de entender, este ha sido un proceso en el que a Perú le ha asistido la razón y el país ha sido capaz de mostrarla en las instancias internacionales.

Idea de García molesta a Chile
Pero no todas las voces de los distintos actores políticos han sintonizado con ese clima de serenidad del que habla García Belaunde. El expresidente Alan García, por ejemplo, presa de una visión que ha sido calificada como triunfalista, emitió la propuesta de que el día en que se dictamine el fallo se embanderen todas las ciudades como muestra de celebración y triunfo. Esa propuesta tuvo reacciones inmediatas en Perú y Chile, en este último país esa idea fue leída como irresponsable y exagerada.

Gran parte de la expectativa generada por la cercanía del fallo termina en la pregunta de qué es lo que pasará una vez dictaminado el mismo. García Belaunde sabe que, sea cual fuere la sentencia, a cada país le hará falta voluntad política para el cumplimiento de sus responsabilidades. Lo mismo opina Jorge Rodríguez Elizondo, analista político chileno, quien entiende el fallo no solo desde un nivel teórico, en el que la sentencia debería cumplirse de forma inmediata, sino desde un nivel de interés político, de enfrentamiento de poder, ante el que solo las ganas de llevar esta discusión a buen puerto podría servir como camino de conciliación.

Rodríguez Elizondo señala que si el fallo fuese desfavorable al Perú, este no perdería más que una expectativa, pues el mar que reclama, ahora no le pertenece. Si el fallo, en cambio, fuese en contra de Chile, el país sí perdería una cantidad considerable de aguas para el trabajo de sus pobladores norteños, algo que redefiniría las relaciones bilaterales y cotidianas entre ambos países.

Humala, seguro de que el desenlace de este evento, le aporta no solo al país sino también a su talante político, ha creído conveniente asumir un clima de unidad a menos de 2 semanas del dictamen. Ha convocado a sendas a reuniones a los dueños de medios de comunicación, a actores políticos locales y a los expresidentes de la nación para que juntos, en un ambiente de diálogo, puedan aportar a las expectativas ‘post Haya’.

La posibilidad de armar comisiones multisectoriales para el trabajo binacional, así como de entablar nuevas formas de relación con los vecinos chilenos, son opciones que se muestran en el horizonte inmediato a partir del fallo internacional, evento que, según Humala, demostrará que es posible resolver enfrentamiento históricos de forma pacífica y justa.