La Paz.-

Periodistas marcharon ayer en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en protesta por el juicio penal que el gobierno de Bolivia impulsa contra tres medios privados, acusándolos de “racismo o discriminación”, castigado con penas de uno a cinco años de cárcel.

Los profesionales se movilizaron ayer, como en días pasados lo hicieron sus colegas de otras ciudades del sur y el occidente, para exigir respeto a la libertad de prensa y acusar a Morales de amedrentar con juicios e inducir a la censura.

En La Paz, decenas de informadores hicieron un mitin ante el Palacio de Gobierno, situado en la Plaza Murillo, que estuvo cercada por agentes que impidieron, en medio de incidentes, a otro tanto de periodistas sumarse a la protesta ante las oficinas del mandatario. “El poder político está amedrentando la libertad de expresión e induciendo a la censura y la autocensura en este país”, afirmó  el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, que encabezó el mitin.

La semana pasada el Ministerio de la Presidencia presentó ante la Fiscalía de La Paz la denuncia penal por una supuesta “incitación al racismo” en contra de la Agencia de Noticias Fides, de propiedad de la Iglesia Católica, y los periódicos Página Siete y El Diario.

El Ejecutivo los acusa de haber distorsionado las palabras de un discurso del mandatario, lo cual provocó críticas en su contra de los dirigentes regionales del oriente del país. En su discurso del 15 de agosto, Morales dijo que “en el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano (occidente) es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, solo por flojos podemos hambrear”.

Según el Gobierno, los medios tergiversaron con titulares como “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”, “Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente” y “Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador”. 

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, aseguró ayer que las autoridades respetan a los medios de comunicación, pero que se han sentido preocupadas y dolidas por la reacción que, a su juicio, provocaron esos titulares.

Los medios afectados rechazan haber cometido un error o un delito en su trabajo y sostienen que la Constitución establece que para las denuncias de funcionarios contra las publicaciones debe aplicarse la Ley de Imprenta, de 1925, y no recurrir al Código Penal.

El director del diario Página Siete, Raúl Peñaranda, sostuvo que las denuncias del Ejecutivo son “un hito negativo para la democracia y la libertad de expresión”.

La dirigente del sindicato de El Diario, Carmiña Moscoso, afirmó que se limitaron a transcribir las palabras de Morales, por lo que no pueden ser considerados "discriminadores".

El defensor del pueblo, Rolando Villena, respaldó ayer esa posición en una rueda de prensa en la que dijo que “si el Gobierno entiende que los medios señalados han vulnerado alguna norma, debe procesar su denuncia en el marco de la Ley de Imprenta vigente, según lo instruye la propia Constitución”.

Hallazgo de uranio alarma a Bolivia

El hallazgo de un supuesto cargamento de dos toneladas de uranio en el sótano de un edificio aledaño a la Embajada de EE.UU. en la ciudad de La Paz (Bolivia) movilizó a policías y expertos en minería para confirmar su contenido, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El ministro Romero dijo que el cargamento hallado el martes será sometido a pruebas de laboratorio para saber si es uranio, otro mineral o rocas.

El trabajo estará a cargo de técnicos del Servicio Nacional de Geología y Técnicos de Minas, quienes sacaron muestras del mineral y a simple vista no han detectado niveles de radiactividad. Cinco hombres y una mujer fueron detenidos  para  investigaciones.