No hubo portadas y en algunos casos ni siquiera mención de la prensa mexicana al nuevo caso de presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Poco espacio dieron los grandes medios nacionales a la investigación divulgada por la agencia internacional Reuters, según la cual el mandatario “declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades”.

La indagación se refiere a un terreno de 1.000 metros cuadrados con una casa de 492 metros cuadrados en Valle de Bravo, una exclusiva localidad de descanso ubicada a dos horas de Ciudad de México. Según el periodista Simón Gardner, la propiedad fue presentada por el presidente como donación en lugar de compra y a un precio menor del real.

Documentos obtenidos por Reuters indican que “la propiedad que fuera una donación de su padre valorada en 11.200 viejos pesos ($ 5), realmente fueron compradas a un tercero por 11,2 millones de viejos pesos ($ 5.000)”.

La presidencia respondió con una carta del vocero Eduardo Sánchez Hernández, quien asegura que el reportero “tergiversa notoriamente la realidad” al hacer la conversión de pesos mexicanos y dólares sin considerar la inflación ni la plusvalía de las últimas décadas.

El texto, que enumera argumentos más no adjunta documentos, se centra en que la propiedad fue adquirida por el padre de Peña Nieto y determinó ponerla a nombre de su hijo.

Pese al revire oficial, para Reuters el caso abona a las dudas sobre el capital del mandatario, ya que seis de sus propiedades inmobiliarias son reportadas como donaciones. Julio Hernández López, principal columnista político del periódico La Jornada, consideró que el caso “no es, tal traspié declarativo, una excepción, sino una regla. Peña Nieto ha elaborado declaraciones patrimoniales con la evidente intención de ocultar los datos precisos que permitan el escrutinio público, envolviendo cuanto le ha sido posible en vaguedades e imprecisiones”.

Desde que asumió el cargo de presidente de la República, a finales de 2012, Peña Nieto ha hecho una declaración patrimonial y dos modificaciones a la misma. “Reafirmo mi convicción democrática de conducirme con absoluta transparencia”, dijo a principios de 2013 cuando reportó que poseía nueve propiedades, seis de estas descritas como donaciones, aunque sin precisar ubicación, valor ni identidad de los donadores. En mayo del mismo año les agregó valor y aclaró que fueron obsequios de su padre y madre. El año pasado, el mandatario ratificó por segunda vez la declaración sin determinar aún la ubicación de los inmuebles.

Este no es el primer escándalo inmobiliario que involucra al presidente mexicano. Cinco meses atrás el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui reveló la posesión de una mansión por el valor de unos $ 7 millones en una exclusiva zona de la capital, Lomas de Chapultepec, que fue construida por una empresa contratista del gobierno, el Grupo Higa. La primera dama, Angélica Rivera, aclaró enseguida que ella era la propietaria de la llamada “casa blanca” y había sido obtenida con su trabajo de actriz en la cadena Televisa. Las semanas siguientes se conoció que dos secretarios de Estado también poseen inmuebles construidos por el Grupo Higa.

En caso de comprobarse alguna irregularidad en los reportes patrimoniales del mandatario no sería juzgado por ello, ya que el jueves 28, el mismo día que Reuters reveló las nuevas sospechas, Enrique Peña Nieto promulgó el llamado “Sistema Nacional Anticorrupción” (http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/mexico-aprueba-reforma-que-protege-a-pena-nieto.html).

Este es un nuevo andamiaje jurídico que mantiene el fuero presidencial y por tanto limita las acciones legales posibles en contra del mandatario mexicano. (I)

DATOS

En la década de 1980 -cuando el jefe de Estado adquirió los inmuebles- México sufría una profunda crisis económica que provocó que a principios de la década del 90 el peso se reconfigurara eliminando tres ceros de la moneda.

Estas imprecisiones en su declaración patrimonial podrían provocar problemas legales al líder conservador, según una decena de abogados y profesores de Derecho de importantes bufetes y escuelas de leyes mexicanas que consultó Reuters.

Las discrepancias en torno a la finca de Valle de Bravo podrían considerarse una declaración falsa, lo que -conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de México- supone la suspensión e incluso la destitución e inhabilitación por hasta tres años. (I)